A partir del VI Informe Estado de la Nación, el tema de armonía con la naturaleza se aborda desde la perspectiva de la gestión del patrimonio, del cambio y del riesgo. En
este Informe se enfatiza en los temas del agua, la energía y el desarrollo urbano.

El patrimonio natural de Costa Rica está constituido principalmente por los bosques, los suelos y el agua, y por la biota que habita en ellos. De esos tres componentes, el bosque es el que más ha captado la atención de la sociedad costarricense en las últimas tres décadas. Era, además, el recurso más amenazado al inicio de ese período, lo cual dio lugar a una sucesión de diagnósticos y políticas que han producido resultados positivos a lo largo de los años. En efecto, se logró revertir el proceso de pérdida de la cobertura boscosa, en parte mediante la demarcación de áreas bajo protección estatal y el otorgamiento de incentivos y pagos al sector privado, y en parte también debido al abandono de potreros y áreas de cultivo, que gradualmente se van convirtiendo en bosque secundario. Los datos más recientes estiman que entre el 41,0% y el 43,5% del territorio nacional está bajo algún tipo de cobertura arbórea. De medidas destinadas simplemente a proteger bosques primarios, detener la deforestación y otorgar incentivos más o menos indiscriminados a la reforestación, se ha pasado al diseño de corredores biológicos, al manejo conjunto de áreas silvestres y zonas de amortiguación entre el Estado y los propietarios privados, y al pago de servicios ambientales, incluida (si bien todavía en muy pequeña escala) la fijación de carbono. Aunque sigue existiendo tala ilegal, ha disminuido la extracción de madera de los bosques, y se ha incrementado la explotación de áreas agroforestales y plantaciones madereras. Estas últimas son hoy el cultivo con más extensión territorial en Costa Rica. Continúan pendientes, sin embargo, grandes tareas. Una de ellas es la consolidación de la propiedad del Estado sobre los parques nacionales, mediante la indemnización a los anteriores propietarios de las tierras. En este sentido hubo un modesto avance en el año 2000, al cancelarse la deuda de la Hacienda Santa Elena en el Area de Conservación de Guanacaste, erogación que representó más de la mitad del presupuesto anual del SINAC. Otras tareas tienen que ver con el establecimiento de indicadores de salud de los ecosistemas - incluso aquéllos bajo protección-, con el fortalecimiento institucional del SINAC, y con una mejor vinculación del pago por servicios ambientales con el sistema de cuencas hidrográficas y la necesidad de recarga y protección de los acuíferos.

El agua, tanto dulce como salada, ha recibido mucho menos atención que los bosques.
El resultado es que, pese a tratarse de un recurso relativamente abundante, se encuentra en la actualidad bajo serias amenazas. El proceso de urbanización, especialmente en la GAM, se ha dado sin orden ni concierto, y sobre todo sin la provisión de la infraestructura necesaria para el buen manejo del agua. La contaminación de fuentes superficiales y el mal estado de los acueductos atentan contra la salud de la población. Solamente el 75,7% de los costarri-censes recibe agua potable, en gran medida por el mal estado o el mal manejo de los acueductos, en especial los rurales y municipales. Se estima que el 81% del agua para consumo doméstico y el 91% del agua de uso industrial provienen de cauces subterráneos. Aunque no se conoce a ciencia cierta la condición actual y el potencial de los principales acuíferos de la GAM -Colima Inferior y Superior y Barva- existe el riesgo de que estén siendo sobreexplotados por un total de 5.711 pozos que funcionan legalmente, más un número indeterminado de pozos ilegales. Lo más grave, sin embargo, son los efectos de la total insuficiencia de alcantarillado sanitario. Por una parte, en la GAM hay unos 200.000 tanques sépticos, muchos de ellos defectuosos, y se está empezando a sentir los efectos de la infiltración de aguas negras hacia los man-tos acuíferos. A ello hay que agregar la contaminación por agroquímicos, en especial por la presencia de nitratos, que en algunas áreas ya duplica el máximo recomendado por la OMS. Por otra parte, el agua usada que se recolecta mediante el sistema de alcantarillado de la GAM va sin ningún tratamiento al río Grande de Tárcoles, y de allí al golfo de Nicoya. Los niveles de contaminación en esos dos cuerpos de agua son extremadamente graves. La pesca artesanal está en franca decadencia, mientras la pesca industrial ejerce presiones crecientes sobre las poblaciones pelágicas del mar territorial en el Pacífico. Por otro lado, el mar territorial en el Caribe es actualmente objeto de exploraciones petroleras autorizadas por el MINAE al amparo de la Ley de Hidrocarburos. Grupos ambientalistas han manifestado serias reservas sobre la calidad de los estudios de impacto ambiental presentados para esas exploraciones. Definitivamente el agua, en todas sus formas, deberá ser objeto de la atención privilegiada del país en los años por venir.

Los resultados del censo de población del 2000 confirman el proceso de urbanización de la región central, así como el crecimiento de ciudades secundarias. Además indican que la población costarricense se desplaza hacia, y se concentra en, áreas urbanas, impulsada por diferencias en las oportunidades de empleo y en las posibilidades de acceso a servicios sociales y educativos (mapa 1).

Los procesos de urbanización e industrialización de las últimas décadas han creado también nuevas demandas en el campo energético y nuevas presiones ambientales. El consumo de hidrocarburos crece a la par del parque automotor, y ambos contribuyen a la contaminación del aire y al congestionamiento urbano. En la ciudad de San José se efectúan diariamente 1,1 millones de viajes en vehículos de motor, a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora. Además, en el año 2000 una proporción creciente de esos viajes utilizó gasolina regular por razones de precio, lo que aumentó la ontaminación por monóxido de carbono y dióxido de azufre.

La dependencia del petróleo para generar electricidad ha disminuido en años recientes; la generación térmica pasó de ser el 22,0% del total en 1996 al 17,3% en el 2000. Esa reducción se compensa por un aumento en la generación geotérmica y en la hidroeléctrica de origen privado (13,5%). No obstante, enfrentan barreras legales para su futuro desarrollo: la generación geotérmica, por cuanto los principales sitios con potencial de explotación se encuentran dentro de parques nacionales; la hidroeléctrica privada porque está por alcanzarse el límite de 15% de la oferta que le impone la ley que la autorizó, y además por una resolución de la Sala Constitucional, que obliga a todo nuevo solicitante de una concesión de agua para generación eléctrica a obtenerla en la Asamblea Legislativa.En este campo se han presentado además controversias y litigios sobre las tarifas contratadas entre el ICE y algunos generadores privados.

El país avanza en el conocimiento de su rico patrimonio natural. El INBio duplicó en el 2000 el promedio anual de nuevas especies descritas, y la comunidad científica nacional como un todo reportó la cifra récord de 331 especies nuevas. El Ministerio de Educación Pública, por su parte, introdujo la educación ambiental como un eje transversal en los programas de estudio de primaria y secundaria, y el CONARE efectuó el II Congreso Nacional de Desarrollo Sostenible.

En cuanto al aprovechamiento de ese patrimonio, el INBio inició en el 2000 un programa de financiamiento a empresas para el uso productivo de la biodiversidad, con fondos del BID. El número de visitantes a los parques nacionales se redujo respecto de años anteriores. Empero, se realizaron inversiones por más de 400 millones de colones en senderos y otras instalaciones, con miras a ofrecer mejores condiciones a los visitantes en el futuro.