Si en 1998 la ciudadanía había emitido un mensaje de desconfianza hacia la clase política, con una abstención electoral muy por encima del promedio histórico, en el 2000 afloró en varios planos una crisis de representatividad. La expresión más dramática de esa crisis fue sin duda el movimiento social que condujo al rechazo de las reformas al mercado de las telecomuni-caciones y el ICE, que sin embargo habían sido aprobadas en primer debate por 45 diputados. En la misma bitácora deben anotarse el rechazo legislativo a la reelección presidencial -pese a que, según las encuestas, una mayoría ciudadana la favorecía- y al proyecto de ley de creación del referendo; las acciones de protesta de los agricultores y la remoción de veinte alcaldes municipales. Mientras la oposición al “Combo del ICE”, las protestas de los agricultores y la remoción de alcaldes muestran desconfianza de la ciudadanía frente a sus autoridades, el rechazo a la reelección y el referendo parecen indicar desconfianza de los legisladores con respecto al juicio de la ciudadanía.

El movimiento de oposición a las reformas al ICE reveló, por su magnitud e imprevisibilidad, rasgos básicos de la convivencia democrática costarricense. Puso de manifiesto, por una parte, las deficiencias en los mecanismos de representación política -legislativa y partidaria- del sistema. Mostró que el país no cuenta con mecanismos adecuados para la resolución de conflictos que saltan el plano de lo sectorial y se convierten en nacionales. Además, su-brayó la debilidad de los procesos de concertación paralelos al sistema político for-mal, como el que se intentó en 1998, en el cual se había llegado a acuerdos sobre al-gunos de los temas que luego se discutieron en el “Combo”. En temas complejos y delicados, la concertación tendría que ser mucho más perfecta -en cuanto a representatividad de los actores, mecanismos de diálogo, transparencia y firmeza de los compromisos- para lograr su cometido de remover obstáculos para la toma de grandes decisiones. También se puso en evidencia que, dado el alto grado de comunicación noticiosa que existe en Costa Rica, los temas sensibles pueden despertar movimientos de protesta ciudadana que no necesariamente responden a las dirigencias de organizaciones sociales consolidadas. Si bien los sindicatos del sector público y algunas otras organizaciones jugaron un papel importante en el desarrollo de los hechos, lo cierto es que buena parte de las expresiones callejeras de protesta se produjo en forma espontánea y sin un liderazgo orgánico. Finalmente, el modo en que se resolvió el conflicto sacó a la luz una vez más el espíritu cívico tradicional del costarricense (en otras sociedades un conflicto de esa escala hubiera ocasionado daños mucho más graves), y la confianza ciudadana en instituciones a las que se percibe por encima del entramado político: la Defensoría de los Habitantes y las autoridades académicas (cuadro 4). En relación con las reformas a la ley del ICE, pasado el conflicto, la solución política aplicada para poner fin al movimiento “anti-Combo” encalló dentro de la estructura del Poder Legislativo, que no está preparada para una participación activa de la ciudadanía en la formulación de leyes, o en el veto de sus decisiones.

En términos generales, el vacío de confianza entre gobernantes y gobernados no da lugar a formas alternativas de participación, ni al mejor aprovechamiento de las que existen. Los partidos políticos, llamados en un régimen democrático a ser el principal mecanismo de intermediación entre la ciudadanía y el Estado, son vistos más bien como engranajes cerrados, ocupados por personas que quieren obtener cargos públicos, y tienen la estimación más baja entre todas las instituciones sociales. Los sindicatos prácticamente sólo existen en el sector público, y tienen un grado muy bajo de confianza ciudadana según las encuestas de UNIMER, al igual que las cámaras empresariales. Las organizaciones más beligerantes en el año 2000, además de los sindicatos del ICE y la CCSS, fueron las de campesinos, y otras dedicadas a intereses específicos como los derechos de las mujeres y los asuntos ambientales.

Los espacios creados por el Estado para favorecer la participación directa y personal
de las y los ciudadanos en la gestión pública son poco aprovechados. Por ejemplo,
el número de proyectos de ley presenados mediante el mecanismo de iniciativa popular es mínimo, y el de proyectos aprobados es prácticamente nulo; pocas personas comparecen en las audiencias de la ARESEP, y hay dificultades para reunir a los miembros de las Juntas de Salud. El único mecanismo de participación directa en la gestión pública que registra crecimiento es el Triángulo de Solidaridad, en el cual llama la atención la considerable presencia de personas de bajos ingresos. El costarricense parece en efecto más inclinado a “cuidar su jardín”, para usar la frase de Voltaire, dejando en manos de otros su representación, que a involucrarse personalmente en la gestión de los asuntos públicos.

El ámbito judicial ha tenido que seguir haciéndole frente al aumento general en el número de litigios. Los casos ingresados a los tribunales en el año 2000 se incrementaron un 10,2% respecto de 1999, y han venido creciendo a una tasa promedio del 9,1% anual desde 1993. La eficiencia en la resolución de casos ha aumentado, pero no al ritmo necesario para disminuir la mora judicial. Cabe señalar que la larga duración de los litigios, y en consecuencia lo elevado de su costo, se cita como una de las causas de pérdida de competitividad de Costa Rica en materia de atracción de inversiones. La Corte Suprema de Justicia, con el apoyo del BID, ha emprendido iniciativas para hacer más eficiente la gestión de los despachos, que incluyen reformas procesales y medidas administrativas. Se ha avanzado también, aunque lentamente, en el establecimiento de mecanismos y sedes de resolución alterna de conflictos: en el año 2000 se abrieron Casas de Justicia en Mon-tes de Oca, Mora y Puntarenas.

El crecimiento de la inseguridad ciudadana, tanto percibida como real, es uno de los fenómenos más llamativos de los tres últimos lustros. Basado en las denuncias presentadas ante el OIJ, un indicador parcial pero el único disponible para un análisis
comparativo de largo plazo, muestra que las tasas de delitos contra la propiedad y contra la vida aumentaron sostenidamente entre 1987 y 1994. En el caso de los delitos contra la propiedad, en ese período se pasó de 595,6 a 1.061,02 por cada 100.000 habitantes, y en el de delitos contra la vida, de 87,3 a 128 por cada 100.000 habitantes. A partir de 1996 el número de denuncias bajó hasta ubicarse en tasas similares a las del inicio de esa década. Sin embargo, la tasa de robos con violencia sobre la persona no dejó de crecer, y en 1999 cuadruplicó la de 1987. También sigue aumentando el número de denuncias por violencia intrafamiliar, pero se presume que el país aún está en una fase de “desocultamiento” de un fenómeno preexistente, gracias a los nuevos mecanismos de protección a la mujer agredida.

En materia policial, los esfuerzos gubernamentales se han concentrado en la contratación y adiestramiento de nuevo personal (cerca de 1.000 plazas nuevas en el año en estudio) y en los programas de seguridad comunitaria, que atienden al 13,8% de la población. Alrededor del 24% de los costarricenses paga algún tipo de seguridad privada; las empresas dedicadas a esa labor contaban con 7.690 efectivos registrados en el 2000. En ese mismo año, la fuerza pública contó con un total de 9.340 efectivos.

Como respuesta al aumento en la delincuencia, y también al déficit acumulado en
instalaciones penitenciarias, los sucesivos gobiernos han hecho importantes inversiones
en ese campo desde 1995, con lo cual ha disminuido sustancialmente la tasa de hacinamiento en las cárceles. En cinco años se logró disminuir la sobrepoblación carcelaria de más del 50% a un 9%, y se proyecta que puede desaparecer en el futuro próximo.