El Informe Estado de la Nación contiene normalmente un capítulo especial, cuyo
tema cambia año con año, y que se dedica al análisis de un aspecto relevante de la realidad nacional. Para este VII Informe, el Consejo Consultivo escogió el tema de la equidad de género, que se había venido abordando en los informes anteriores como enfoque en todos los capítulos, con mayor profundidad en aquellos temas sobre los cuales se disponía de información. Los Informes de Desarrollo Humano del PNUD han permitido observar que, en términos generales, el trato que las sociedades dan a sus mujeres marcha en forma paralela con su nivel de desarrollo humano en todos los órdenes.

En este Informe el tema de la equidad de género se enfoca primordialmente desde la perspectiva de la situación de la mujer, que es donde se encuentran los principales retos, en áreas como las condiciones educativas y laborales, la agresión sexual, la violencia doméstica y la participación política. Se estudia la evolución de las variables relevantes entre 1990 y el año 2000, período en el cual el país experimentó un notable dinamismo en este orden de cosas. Se suscribieron importantes convenios internacionales y se promulgó abundante legislación, entre la más reciente e importante: la Ley de Paternidad Responsable (2001) y la Ley Contra la Violencia Doméstica (1996) (cuadro 5). Asimismo, nacieron nuevas instituciones dedicadas a defender esos derechos, en especial la Defensoría de la Mujer, las oficinas ministeriales y sectoriales de la mujer, las comisiones y oficinas municipales, y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) a cuya titular se le dio el rango de Ministra en la Administración Rodríguez.

El Informe constata que la condición educativa de la mujer costarricense tuvo una evolución claramente favorable en el período, no sólo respecto de su situación
anterior, sino también en contraste con los hombres. Hay más mujeres que hombres en todos los niveles del sistema de educación formal, desde la primaria hasta la universitaria, y su tasa de escolaridad promedio es superior. Subsisten, no obstante, preocupaciones sobre la existencia de un “currículum oculto” a lo largo del proceso educativo, que conduciría a fenómenos de segregación en la escogencia de carreras universitarias. En efecto, la participación de las mujeres es menor en las carreras científicas, que en aquellas que tienen que ver con las artes, las letras y la educación.

Estos fenómenos se reflejan en el mundo laboral. Desde 1995, la PEA femenina ha crecido más del doble que la masculina, ubicándose principalmente en los sectores de servicios y comercio, y ha acortado, aunque en forma muy lenta, su brecha salarial respecto de los hombres. Del total de personas que trabajan tiempo completo, el 28,0% de las mujeres son profesionales o directivas, frente al 15,7% de los hombres. Ellas representan casi la mitad de las personas ocupadas como profesionales o técnicas, especialmente en el sector público, aunque desempeñan menos de la tercera parte de los puestos directivos, tanto en el sector público como en el privado. También se registra un crecimiento en el núme-ro de mujeres propietarias de negocios, que pasó del 9,6% al 17,7% entre 1990 y 1999 para establecimientos con nueve ocupados o menos, con un notable incremento en el área rural.

Sin embargo, los espacios laborales que las mujeres han logrado abrirse, principalmente
a base de estudio, no llegan todavía a contrarrestar la tendencia hacia la feminización
de la pobreza, que se caracteriza básicamente por la presencia de jefatura femenina
en un porcentaje creciente de los hogares pobres. Ese fenómeno es en realidad el núcleo de convergencia de una serie de problemas asociados que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres. Tiene que ver con el alto porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio (el 53% del total de nacimientos en el año 2000), de los cuales el 59% no tuvo padre declarado. Además, una proporción creciente de los nacimientos se da en madres menores de 20 años (21,2% en el 2000). Todo ello genera una cantidad considerable de mujeres jóvenes que se convierten en jefas de hogar, muchas de ellas sin ningún apoyo, lo cual limita sensiblemente no sólo sus oportunidades de desarrollo personal, sino también las de sus hijos. En efecto, las cifras muestran que es a las jefas de hogar jóvenes (34 años o menos) a quienes más afectan la pobreza y la pobreza extrema, en este último caso 8 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Asimismo, las tasas de desempleo abierto y subempleo visible son más altas en las mujeres que en los hombres, y es mucho mayor el porcentaje de ellas que dice no poder trabajar del todo, o no poder hacerlo a tiempo completo, por tener que atender deberes familiares.

Varias acciones institucionales tienden a combatir, si bien de manera todavía puntual
e insuficiente, la feminización de la pobreza. La Ley de Protección a la Madre Adolescente y el Programa “Construyendo Oportunidades” procuran crear capacidades en las mujeres para que puedan mejorar sus condiciones de vida. La suscripción, en el 2000, de un convenio entre el INAMU y el Banco Nacional, para destinar 350 millones de colones a crédito para pequeñas empresarias, es también un modesto paso en esa dirección.

La aprobación de la Ley contra la Violencia Doméstica y de la Ley contra la Explotación
Sexual de Personas Menores de Edad, en 1999, ha sacado a la luz dos de los fenómenos que más gravemente atentan contra la seguridad personal y la salud de las mujeres. Desde 1997 las denuncias por violencia doméstica han aumentado en más de 5.000 al año. La línea telefónica establecida por el INAMU en 1997 para atender a mujeres agredidas recibió más de 37.000 llamadas en el año 2000. Una de cada cuatro mujeres dijo haber sido amenazada de muerte, y una de cada ocho dijo haber sido atacada con un arma. En el 2000, dieciséis mujeres murieron por violencia intrafamiliar y cinco por violencia sexual. Los instrumentos legales de protección a las mujeres han actuado como un factor de disuasión para prevenir más agresiones; no obstante, muchos procesos se truncan debido a que los juzgados erróneamente promueven conciliaciones entre las partes, o bien a causa de la no comparecencia de la víctima.

Las denuncias por delitos sexuales han aumentado en forma continua desde 1991. El delito más denunciado es el de abusos deshonestos, que comúnmente se produce contra menores de edad. La explotación comercial de niñas, niños y adolescentes ha sido objeto de atención creciente, en parte porque ha aumentado el número de denuncias desde la aprobación de la ley respectiva, y en parte por la atención que han dedicado al tema medios de comunicación internacionales, asociándolo al turismo. En enero de 1998 entró en funciones una fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia doméstica, que ha debido apoyarse en organizaciones privadas por falta de recursos para trabajar.

Desde la perspectiva de la salud integral las mujeres se han abierto espacios, y así lo constatan los esfuerzos que realizan diversas instancias, como la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Comisión Nacional Integral del SIDA, la Defensoría de los Habitantes, el Programa Nacional de Prevención y Atención de Cáncer Cérvico-Uterino y la transformación de la clínica Maternidad Carit en Hospital de las Mujeres.

Las mujeres también han venido ganando espacios en los cargos públicos de elección popular. En la actualidad las dos Vicepresidencias de la República son ocupadas por mujeres, y hay once diputadas. El 34,2% de los regidores municipales titulares son mujeres. Ha quedado claramente establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones, para los procesos electorales futuros, que el 40% de la cuota femenina mínima que exige la ley debe aplicarse a los puestos elegibles, lo cual garantiza una representación mucho mayor de las mujeres en futuras papeletas. Los problemas se ubican más bien al interior de los partidos políticos, en términos de las condiciones que se ofrecen a las mujeres para el ejercicio de su participación, que no siempre son favorables por razones culturales y económicas.

El capítulo concluye que, en materia de equidad de género, Costa Rica se encuentra
“a mitad del río”. Ha logrado notables progresos institucionales, pero tiene significativas
tareas pendientes.