En las últimas dos décadas del siglo XX, Costa Rica estuvo lejos de lograr transformaciones en el tejido social como las que logró entre 1950 y 1970. Desde el punto de vista de la equidad, es importante señalar que el coeficiente de Gini, que mide la distancia de ngresos entre los distintos estratos de la población, se mantuvo relativamente constante desde 1980. Esto se explica porque los instrumentos principales de la movilidad social -educación y empleo- no experimentaron cambios significativos en los extremos del período (1980 y 2000). La tasa de escolaridad bruta de la educación del tercer ciclo y del diversificado se recuperó hace un par de años, después de haber caído en cerca de 20 puntos porcentuales a principios de los ochenta. En el caso de la educación diversificada, esa tasa fue de 46,2% en el 2000, contra 49,3% en 1980, sin que se haya logrado aún recuperar el máximo histórico. La tasa de subutilización de la fuerza de trabajo se mantuvo estable. La persistencia de esos indicadores en el tiempo refleja su condición estructural, en el sentido de que forman parte de un entramado relativamente constante de relaciones sociales y económicas.

Por considerar que la pobreza de las familias es un obstáculo para el logro de la equidad y la integración social, los informes sobre el estado de la nación le han dedicado especial atención a ese fenómeno a lo largo de los años. Se ha utilizado primordialmente el indicador de pobreza de ingresos, medido según el método de líneas de pobreza. Ese indicador señala que, en el 2000, poco más del 21% de los hogares estuvo por debajo de la línea de pobreza, porcentaje similar (aunque levemente superior) al de los años anteriores. Gracias al aporte de los equipos académicos que nutren el Informe, se ha logrado refinar y profundizar el análisis, dentro de los límites que impone la información estadística disponible. Así, al análisis de pobreza de ingresos y pobreza o privación humana que introdujeron los informes de desarrollo humano del PNUD, se han agregado mediciones sobre la intensidad y la severidad de ese fenómeno, las brechas de pobreza por región, la vulnerabilidad de las familias que se encuentran apenas por encima del umbral de pobreza, y ahora, en este VII Informe, se suma una medición de la pobreza según el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cual, al combinarse con el de las líneas de pobreza, da lugar a una medición integrada de la pobreza (MIP). De acuerdo con esta nueva medición, el 38,7% de los hogares costarricenses muestra algún tipo de pobreza, ya sea por insuficiencia de ingresos o por incapacidad de satisfacer alguna de las necesidades básicas: educación, salud, vivienda o acceso a servicios como agua potable y alumbrado. En la zona rural, el 46,1% de los hogares se encuentra en esa condición (cuadro 1, cuadro 2).

Uno de los factores clave para romper el círculo vicioso de la reproducción de la pobreza, en el mediano y largo plazo, es la educación. En este ámbito el principal desafío sigue siendo la universalización de la matrícula de la educación secundaria, cuya tasa neta en el año 2000 apenas alcanzó el 64,7%, incluyendo todas las modalidades. Este indicador ha venido creciendo establemente a lo largo de la década, pero el porcentaje de deserción en la educación secundaria diurna prácticamente no se modificó durante ese período. En otras palabras, si bien se ha incrementado el número de estudiantes que ingresan en ese ciclo educativo, el porcentaje de los que luego abandonan los estudios se mantiene constante. Los momentos más críticos son el paso de la primaria a la secundaria, y los últimos dos años de ésta. Entre las causas de deserción reportadas, la falta de interés en el estudio y el desaliento ante el fracaso escolar pare-cen ser tan importantes como las limitaciones económicas (cuadro 3). Esto plantea interrogantes sobre la calidad y la pertinencia del currículum de secundaria, así como la necesidad de salidas intermedias, como ya se indicó en el VI Informe. Al respecto, en el capítulo 2 se señala la necesidad de una investigación profunda, de carácter cualitativo, sobre la educación secundaria, a fin de detectar mejor las razones de la dificultad para retener a los estudiantes en este ciclo. Una buena noticia en este orden es que el porcentaje de aprobación de quienes se mantienen en secundaria ha venido mejorando en los últimos años: pasó de 75,4% en 1995 a 83% en el 2000.

El país sigue mostrando avances en el sistema institucional de atención a la salud, ámbito en el cual presenta condiciones similares a las de las naciones desarrolladas. Un logro de especial valor, tanto real como simbólico, es la reducción de la tasa de mortalidad infantil a un mínimo histórico de 10,2 por mil nacidos vivos, aunque siguen existiendo disparidades regionales en este indicador. En ese orden de cosas, llama la atención el aumento en el porcentaje de madres que amamantaron a su último hijo por al menos tres meses, y la reducción del tabaquismo entre las mujeres en edad fértil. Esas tendencias pueden contribuir a mejorar todavía más el indicador, lo cual vendría a mostrar el potencial de los cambios culturales y de estilo de vida en la promoción de la salud. Esto tiene particular relevancia porque los problemas más graves de salud de Costa Rica, hoy en día, no se pueden resolver sólo en los consultorios o en los quirófanos: entre las principales causas de mortalidad están las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, los accidentes, homicidios y suicidios, todos ellos relacionados en algún grado con hábitos de conducta y de consumo.

Como continuación de investigaciones anteriores realizadas en el marco del Proyecto Estado de la Nación, el VII Informe contiene un estudio sobre muertes violentas (accidentes, homicidios, suicidios) en el trienio 1998-2000. La comparación con trienios anteriores muestra que el problema sigue agravándose. La principal causa de muerte violenta son los accidentes, y entre estos los de tránsito (61% del total), con presencia de alcohol en el 30% de los fallecidos. El segundo grupo de accidentes mortales corresponde a personas ahogadas en el mar o en ríos, turistas extranjeros en muchos casos. El suicidio (7,5 hombres por cada mujer) produjo más víctimas que el homicidio (6 hombres por cada mujer). Llaman la atención las altas tasas de homicidios en Limón, y de accidentes de tránsito en Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Una evaluación de las funciones esenciales de salud pública (FESP) realizada por la OMS y el Ministerio de Salud, con la participación de expertos provenientes de una amplia gama de instituciones nacionales, revela entre otras cosas que las debilidades del sistema tienen que ver con el desarrollo de recursos humanos y la capacidad de investigación, así como con el control institucional y la capacidad de mejorar los servicios, factores que parecen estar muy relacionados entre sí.

Respecto al tema de los recursos humanos, se ve con preocupación la formación de nuevos médicos: numerosas instituciones privadas, sin mayor inspección en cuanto al número de alumnos y el desarrollo curricular, atienden a un contingente de futuros profesionales bastante superior a las plazas disponibles en los hospitales de la CCSS para realizar las prácticas clínicas, así como para cumplir con el servicio social. En el caso de las prácticas clínicas, la situación se traduce en una saturación de la capacidad hospitalaria, en detrimento de los derechos y bienestar de los pacientes.

En relación con otras políticas sociales, se recuperó notoriamente el ritmo de entrega de bonos de vivienda (que el año anterior había bajado al mínimo desde 1990); el Triángulo de Solidaridad y los EBAIS continuaron ampliando su cobertura, y el IMAS elaboró el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), que le permite orientar sus recursos con más eficacia.

La inversión social consolidada del Estado2 continuó con el ritmo de crecimiento, lento pero estable, que mostró a lo largo de la década, para ubicarse en un 17,4% del PIB, siempre por debajo del 20% que se estimaba antes del nuevo sistema de cálculo de las cuentas nacionales.