El desempeño ambiental del 2005 alejó a Costa Rica de buena parte de sus aspiraciones de desarrollo humano sostenible, entre ellas: utilizar los recursos naturales a una tasa menor o igual a su reposición, lograr tasas de residuos y contaminantes iguales o inferiores a la capacidad del ambiente para asimilarlos, reducir el deterioro ambiental, minimizar el impacto de los desastres y tener una sociedad que avance hacia una mayor equidad en el disfrute de los recursos naturales.

En el año bajo análisis nuevamente quedaron en evidencia debilidades en la gestión ambiental señaladas en anteriores informes. Persisten el deterioro y la creciente presión sobre los recursos naturales y el ambiente, sobre todo en el contexto urbano. Los monitoreos de calidad denotan la vulnerabilidad de recursos esenciales para la calidad de vida de la población, como el aire o el agua, a lo cual se unen patrones de consumo asociados a una elevada generación de residuos sólidos y líquidos, y la dependencia de combustibles caros y altamente contaminantes. De igual forma, las condiciones de vulnerabilidad y múltiples amenazas -naturales y humanas- del país encuentran una población que se asienta en el territorio de manera poco planificada, y en algunos casos con condiciones sociales y económicas que favorecen un mayor impacto de los eventos naturales y de los cambios en la estructura social o productiva.

En el 2005 cumplió diez años la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), un instrumento que ha marcado un hito importante en la evolución de la legislación ambiental costarricense. Con ella el país contó por primera vez con un marco conceptual y normativo unificado, en el que se encuentran todas las facetas de la gestión ambiental. Definió nuevos mandatos y responsabilidades administrativas y dio la pauta para la creación de nuevas instituciones. Junto con la Ley Forestal (n˚ 7575) y la Ley de Biodiversidad (n˚ 7788), estableció muchas de las entidades que actualmente componen el sector, como la SETENA, el SINAC, el Tribunal Ambiental Administrativo y el FONAFIFO, entre otras. Como ley marco, la LOA dio lugar a otras leyes en materia ambiental y propició instancias de participación y consulta, como el Consejo Nacional y los Consejos Regionales de Áreas de Conservación.

En el 2005 Costa Rica continuó mejorando y ampliando su marco normativo y sus esfuerzos de protección, tal como lo demuestran la promulgación de la Ley de Pesca y Acuicultura y la aprobación de los cánones de vertidos y de aprovechamiento ambientalmente ajustado del recurso hídrico. Además, dentro del espíritu de la LOA, en este año se crearon nuevos instrumentos de valoración de servicios ambientales, se definieron con mayor precisión algunas figuras penales en materia ambiental, se logró un nuevo incremento del territorio protegido (estatal y privado), se reportó la reciente recuperación de cobertura forestal en zonas críticas como Guanacaste y se amplió el conocimiento sobre la biodiversidad nacional, particularmente en las zonas marino-costeras.

No obstante su carácter "proactivo" e innovador, la LOA no garantizó la asignación de recursos financieros y humanos suficientes para las entidades que creó. Las instituciones ambientales del país, si bien poseen principios y estructuras de avanzada, no han tenido las capacidades, los medios y la articulación necesarios para ejercer una gestión ambiental que garantice la protección y sostenibilidad de los recursos.

En materia de conservación del patrimonio natural, para el año 2005 se reportan importantes avances, entre los que se encuentran el aumento en las áreas bajo protección y un mejor conocimiento de los recursos naturales, como resultado de diversos estudios. Las amenazas, sin embargo, persisten, y se derivan del deficiente ordenamiento territorial, la escasez de recursos para el pago de terrenos en áreas protegidas y para la operación de instituciones del sector ambiental, así como de la extracción ilegal de especies silvestres, el crecimiento de actividades productivas con pocas regulaciones y debilidades en la medición de sus impactos ambientales, tales como la acuicultura y los proyectos turísticos, por mencionar algunas. En este contexto, resulta clave avanzar hacia una valoración económica de los recursos naturales⁵.

En el 2005 se crearon cuatro refugios naturales de vida silvestre y se dio una modificación de límites en el refugio de la isla San Lucas y los humedales asociados. Los nuevos refugios sumaron 52.843 hectáreas adicionales al área protegida del país, que pasó a representar el 26% de la superficie continental nacional (SINAC-MINAE, 2006a). Además de la ampliación del territorio protegido, se ha seguido promoviendo el establecimiento de corredores biológicos como un componte de gran relevancia en los esfuerzos de conservación.

Costa Rica es un mosaico de zonas de producción, urbanas y de conservación, de cuyo ordenamiento y manejo dependen la calidad de vida presente y futura de los habitantes y la sostenibilidad ecológica misma de las áreas protegidas. Ordenar estas áreas es un desafío nacional que debe atenderse con prioridad. La primera propuesta de ordenamiento territorial para conservación se hizo con el proyecto Gruas I en 1994, y actualmente el proyecto Gruas II replantea esa iniciativa con base en la nueva información disponible (SINACMINAE, 2006b). Inicio

Aunque en años recientes el país aumentó su conocimiento sobre la conservación en áreas marinas, éste continúa siendo escaso. Un estudio técnico realizado por la Comisión de la Zona Económica Exclusiva (2006) aporta nuevos elementos sobre la riqueza y la situación del patrimonio marino-costero, y advierte que estos ecosistemas están siendo afectados por factores antropogénicos y el incremento de la contaminación por sedimentos, aguas servidas, pesticidas y fertilizantes. Asimismo, la investigación menciona que aún hay pocos estudios referidos al estado de estos ecosistemas y señala, entre otros vacíos, la falta de sondeos ecológicos rápidos para determinar la presencia y distribución de especies a lo largo de las costas (CZEE, 2006).

Refiriéndose a los manglares, el mismo estudio demuestra que la salud de estos ecosistemas depende a menudo de procesos de contaminación y degradación que se dan a escalas mayores, a nivel de cuencas hidrográficas y en las zonas marino-costeras. La CZEE indica que la acuicultura es la principal amenaza para estos ecosistemas, pues su desarrollo implica tala de áreas de manglar, contaminación de aguas, acidificación de suelos, modificaciones del régimen hídrico por la construcción de diques y drenajes, cambios en la cadena trófica, extracción de poslarvas, propagación de enfermedades y aniquilación de fauna. Además destaca que la contaminación por desechos orgánicos y sólidos, hidrocarburos y pesticidas, afecta la estabilidad de los manglares (CZEE, 2006).

Además de los avances en el conocimiento sobre ecosistemas, continuó en aumento la identificación de nuevas especies. En el 2005 se registraron al menos 233 especies nuevas para la ciencia, 202 de insectos, 17 de plantas, 12 de hongos y 2 de nemátodos, así como 29 especies de hongos y una especie de araña nuevas para el país. La evaluación, categorización y revisión periódica del estado de conservación de especies, basadas en el conocimiento generado, constituyen una actividad primordial para la conservación de la biodiversidad a corto, mediano y largo plazo. En el 2005 finalizó un proceso para determinar la inclusión de más especies a la veda que resultó en la recomendación de incorporar 22 especies más. Con el nuevo decreto estarían vedadas 41 especies, que representan el 0,4% del total de plantas conocidas para el país (9.555) y el 14% del total de especies maderables (300) (Obando et al., 2006).

En materia del uso del patrimonio natural, en el 2005 Costa Rica recibió 1.679.051 turistas, lo que representó un incremento de un 15,6% en relación con el 2004 (ICT, 2005). El número de habitaciones hoteleras ha venido en aumento en los últimos diez años, y superó las 36.000 en el 2004. El Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012 contempla una expansión de 1.800 habitaciones nuevas cada año, con el fin de alcanzar un crecimiento del 6,6% anual en el sector de turismo internacional (ICT, 2004). Este incremento del turismo no ha sido acompañado de sistemas de medición unificados que permitan evaluar sus efectos, especialmente en cuanto a la distribución de sus beneficios sociales y la minimización de sus impactos ambientales. Solo 59 hoteles poseen el Certificado para la Sostenibilidad Turística que otorga el ICT (E⁶ : Monge, 2006), el cual garantiza al huésped que el hotel cumple con una serie de estándares ambientales, culturales y sociales.

La sociedad civil ha venido participando de manera creciente en los esfuerzos de conservación. En el año bajo análisis, 57 playas, 222 centros educativos y 21 comunidades no cos-teras recibieron la Bandera Azul Ecológica (BAE) (E: Elizondo, 2006). Este programa, impulsado desde 1996 por organizaciones como el MINAE, el ICAA y el ICT, se creó para evaluar la calidad ambiental de las playas del país e incentivar su mejoramiento. Actualmente se entrega también a comunidades no costeras y centros educativos. Del 2004 al 2005, 7 playas más recibieron la BAE y las comunidades no costeras con el galardón se duplicaron (Mora y Chaves, 2005).

Mediante imágenes satelitales se confirma la expansión de la cobertura forestal que ha experimentado la provincia de Guanacaste. En 1986, esta provincia presentaba una cobertura equivalente al 34% de su territorio, la cual pasó a un 41% en el 2000 y llegó a un 52% en el 2005. Como parte de este notable proceso de restauración, se observa que el número de parches de bosque y su tamaño promedio igualmente han aumentado (Calvo, 2006).

Tal como ha ocurrido en años recientes, los logros en la gestión del patrimonio contrastan con los retrocesos y estancamientos que se observan en la gestión del cambio en áreas urbanas. De ser una sociedad mayoritariamente rural, en los últimos cuarenta años Costa Rica pasó a ser una sociedad eminentemente urbana. Entre 1973 y el 2000 la población pasó de 1.871.780 habitantes a 3.810.179 y su densidad por kilómetro cuadrado se duplicó, de 36,6 a 74,6. En el mismo período, la proporción de residentes urbanos pasó de 43% a 59%. La mayor parte de este crecimiento se concentró en lo que hoy se conoce como la Gran Área Metropolitana (GAM), que tiene una extensión de 1.778 km² y abarca desde Paraíso (provincia de Cartago) al este, hasta Atenas(provincia de Alajuela) en el oeste (foto 1.1). La expansión del uso habitacional del suelo ha sido rápida y desordenada. En todo el país, el número de viviendas en zona urbana pasó de 330.833 en 1994 a 666.126 en el 2005. Solo entre 2004 y 2005, el área de construcción creció un 12,1%, al pasar de 2.723.683 m² a 3.053.300 m² (INEC, 2006b). Los problemas se dan, al igual que en casi todos los aspectos de la gestión ambiental, en un contexto institucional fragmentado y con poca planificación. Se encuentran vigentes 27 leyes que dan competencias a 22 instituciones para el ordenamiento territorial del país (MIVAH et al., 2006).

En el 2005, y por primera vez en varios años, la población abastecida con agua de calidad potable experimentó una leve baja, de 82,8% a 82,2%. El 76% de la población nacional recibe agua con desinfección continua y el 63,5% consume agua que ha sido sometida a programas de control de calidad (Mora y Portugués, 2005). El acceso a agua de calidad potable se torna crítico entre las comunidades marginales y vulnerables del país. Una evaluación del riesgo sanitario de 37 acueductos en territorios indígenas, realizada por el Laboratorio Nacional de Aguas del ICAA durante el período 2003-2005, determinó que más del 90% de los acueductos tenía contaminación fecal, 12 (33%) presentaban riesgo sanitario alto y 5 (14%) un riesgo muy alto (Feoli y Mora, 2006). La alta vulnerabilidad de los recursos hídricos, que se ha venido documentando en informes anteriores, se manifestó en los eventos de contaminación de fuentes subterráneas registrados en el 2005, que provocaron pérdidas millonarias. En Sarapiquí y Limón 4.000 pozos resultaron dañados tras las inundaciones de enero de 2005 en la zona del Caribe, y la contaminación de un pozo en Barreal de Heredia, como consecuencia de una infiltración de combustible detectada en el 2004, ocasionó una declaratoria de emergencia en el 2005 (E: Chacón, 2006). Inicio

Dichosamente en el 2005 hubo avances, aunque limitados, en torno al manejo del recurso hídrico. Sobresalen en primer lugar algunos esfuerzos por mejorar la débil generación y sistematización de información sobre el tema, incluyendo la puesta en marcha de la Estrategia para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. En la Asamblea Legislativa, la Comisión de Asuntos Ambientales dictaminó positivamente el proyecto de Ley del Recurso Hídrico, pero fue escaso el progreso en su tramitación. Lo más relevante del 2005 fue la aprobación del canon de aprovechamiento ambientalmente ajustado y el canon de vertidos, que deberán pagar todos los entes públicos y privados usuarios del agua. Los fondos así generados contribuirán a la sostenibilidad financiera de la gestión del recurso hídrico, mediante el pago por servicios ambientales para la protección del agua en 117 millones de hectáreas privadas (pequeños y media-nos propietarios) y otro tanto en áreas protegidas estatales. Adicionalmente, permitirán el fortalecimiento de la red hidrometeorológica y la inversión en infraestructura local de control de caudales y acueductos rurales, a través de las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) o las municipalidades (E: Zeledón, 2006).

En el tema energético, la alta dependencia de los hidrocarburos (67,3% de la energía comercial depende de ellos, especialmente para el transporte) unida a la persistente escalada en los precios del petróleo, sigue haciendo de este un asunto estratégico para el país. La factura petrolera continuó en aumento, y pasó de 699 millones de dólares en el 2004, a 998 millones en el 2005 (BCCR, 2006). No obstante, esta situación no ha desmotivado la compra de vehículos particulares, ya que el parque automotor continúa creciendo y contabilizó 1.013.823 unidades en el 2005 (Compendio Estadístico). Desde el 2004 el Gobierno Central impulsó un conjunto de medidas de corto plazo para reducir el consumo de combustibles, una vez que el precio del barril de crudo alcanzó los sesenta dólares en el mercado internacional; entre éstas destaca la restricción del tránsito vehicular en el casco metropolitano de San José y el adelanto de una hora en la jornada laboral de las instituciones públicas, como parte del "Plan de Contingencia Petrolera". Además se sustituyeron las lámparas del alumbrado público por otras más eficientes, se brindaron facilidades arancelarias para la importación de vehículos híbridos con motores eléctricos y se promovió el uso eficiente de la energía en el marco de la Ley reguladora del uso racional de la energía. Durante el 2005 se reactivó el tren de pasajeros interurbano y se inició un plan piloto para el uso de un 7,5% de etanol en vehículos a gasolina. Para ello, RECOPE adjudicó un contrato por tres millones de dólares a la petrolera rusa Luko Oil, a fin de distribuir biocombustible en 64 gasolineras ubicadas en la zona del Pacífico Central. El biodiesel puede reemplazar hasta en un 30% el diesel tradicional, sin ninguna modificación de los motores. Según el Plan Nacional de Energía, esto podría reducir la contaminación y la factura petrolera, además de estimular la producción agrícola. No obstante, siguen quedando relegadas a un segundo plano las iniciativas orientadas hacia la búsqueda de soluciones de largo plazo y las que tienen como punto de partida el reconocimiento de las oportunidades que ofrece al país el uso innovador e inteligente de su patrimonio natural (Blanco y Quirós, 2006).

Con respecto al subsector eléctrico, el consumo del Sistema Eléctrico Nacional creció un 5,1% con el 2005 en relación al 2004. Pese a este aumento en la demanda, la capacidad instalada no varió en el 2005 y se mantuvo en los mismos 1.961 MW reportados en el 2004 (ICE, 2006).

En lo que concierne al recurso aire, estudios realizados por la UNA en puntos clave del área metropolitana, revelaron que la contaminación por material particulado (PM-10) no cambió significativamente entre 2004 y 2005. La investigación de la UNA encontró que los resultados diarios no sobrepasaron la norma nacional (150 μg/m³) en ninguno de los puntos de muestreo, aunque en ocasiones el promedio mensual fue superior a la norma (50 μg/m³) (PECAire, 2006). Por su parte, mediciones efectuadas por la UCR detectaron áreas en la ciudad de San José donde las concentraciones de óxidos de nitrógeno sobrepasan el valor límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. A su vez, la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ, en el marco del Proyecto Aire Limpio, llevó a cabo un estudio sobre el impacto ambiental de la revisión técnica vehicular en vehículos a gasolina y su aporte en el control de emisiones contaminantes. Se encontró que el mayor aporte de monóxido de carbono (CO), proviene de los vehículos particulares (31.348 toneladas para el 2003), seguidos por los de carga liviana (12.050 toneladas) y los taxis (3.166 toneladas). Comparando el 2003 y el 2005, se aprecia que hubo una reducción en las emisiones totales de CO, que pasaron de 46.564 toneladas en el 2003 a 42.178 toneladas, es decir, una disminución del 9,4%, a pesar de que en ese período la flota vehicular aumentó en aproximadamente un 14% (Herz et al., 2005).

El país sigue sin encontrar soluciones sostenibles al problema de los residuos sólidos (RS). Se estima que en Costa Rica se generan 4.500 toneladas diarias de RS domiciliarios y que cerca del 30% de ellos se deposita sin ningún control en calles, ríos y lotes baldíos, lo que provoca estrangulamiento del alcantarillado, contaminación visual, variación del caudal de los ríos y deterioro ambiental (IFAM et al., 2003). La crisis que se suscitó en el 2005 en el cantón de Tibás evidenció la persistencia de los problemas asociados al crecimiento expansivo y desordenado de la mancha urbana.

En materia de gestión del riesgo, en el 2005 destacaron la frecuencia de los eventos hidrometeorológicos y la alta vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades pobres y los habitantes de regiones periféricas. La estación lluviosa estuvo asociada a temporales originados por diversos fenómenos hidrometeorológicos, que fueron influenciados indirectamente por la intensa temporada ciclónica que caracterizó el año. De los veintinueve ciclones que cruzaron el Caribe, siete ocasionaron importantes eventos lluviosos en Costa Rica. El predominio de las inundaciones, los deslizamientos y los vendavales en el escenario de desastres del 2005 reiteró una tendencia que se ha monitoreado en el país por más de treinta años. Los fenómenos hidrometeorológicos extremos dejaron pérdidas por casi 77.500 millones de colones (CNE, 2006). Según los registros de la base de datos Desinventar para el 2005, de 939 eventos originados en amenazas naturales, el 68% correspondió a inundaciones, un 29% a deslizamientos y un 3% a vendavales. Aguirre, Cartago y Desamparados son los cantones con mayor recurrencia de inundaciones. Por otra parte, un estudio sobre la vulnerabilidad, medida con base en las viviendas afectadas por eventos naturales, reveló que los cantones periféricos, como Talamanca, Matina y Guatuso se encuentran entre los más vulnerables (ProDUS, 2006).

Aparte de la temporada ciclónica, el temporal que afectó la zona norte y la vertiente del Caribe a mediados de enero de 2005 fue clasificado por el IMN como el más fuerte de los últimos 35 años. Once cantones en cuatro provincias fueron impactados. Datos puntuales caracterizan la condición de vulnerabilidad de dos cantones con cifras récord de precipitación: Talamanca y Sarapiquí. Ambos se encuentran entre los cantones con mayores proporciones de hogares pobres (49,7% y 35,1% respectivamente). Talamanca fue el municipio con más daños en su infraestructura productiva, educativa y sanitaria; Sarapiquí, el cantón con mayor cantidad de personas albergadas (2.186). El impacto del evento ameritó la primera declaratoria de emergencia por un fenómeno hidrometeorológico del año. La CNE estimó el monto de las pérdidas en más de 43.880 millones de colones en múltiples sectores (educación, vivienda, salud, infraestructura vial, energía), además de 281 comunidades y 60.000 personas afectadas (CNE, 2006).

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