El rasgo más notable del período bajo estudio (de enero de 2005 a principios de marzo de 2006) fue la baja en la calidad de la democracia electoral y en el ejercicio de la representación política, en relación con años anteriores. Por una parte, las elecciones nacionales y locales del 2006 reflejaron un importante deterioro orgánico y funcional del sistema electoral y del sistema de partidos políticos. Por otra parte, se agudizaron las tendencias de desgaste de las capacidades institucionales del sistema político para cumplir con los mandatos ciudadanos, y de erosión de la democracia representativa.

Las elecciones del 2006 produjeron la desaparición del bipartidismo PLNPUSC que prevaleció en los últimos veinte años y dieron paso a un nuevo y frágil sistema multipartidista. El derrumbe electoral del PUSC, agrupación dominante en la década de los noventa e inicios del nuevo siglo, puso fin a una era política y a un sistema de partidos: por vez primera desde mediados del siglo XX, las divisiones y tradiciones políticas originadas en la Guerra Civil de 1948 no fueron factores decisivos en las preferencias electorales de las y los costarricenses.

El orden político actual se caracteriza por la combinación de dos factores de difícil acoplamiento. Por un lado el sistema de partidos políticos adoptó un carácter pluripartidista con débiles vínculos con la ciudadanía; un vasto segmento de la población se declaró “sin partido”, el más alto en los últimos cuatro procesos electorales, y el nivel de participación disminuyó nuevamente: en el 2006 el abstencionismo superó los ya altos niveles de 1998 y 2002 (pasó de 30% a 35%). Por otro lado, la voluntad popular manifestada en las urnas originó gobiernos divididos a nivel nacional y local, con escasos márgenes de maniobra política. Este nuevo escenario plantea un dilema político de gran complejidad para el país: un quebradizo sistema de parti-dos debe procesar importantes reformas para potenciar el desarrollo humano y dar una conducción clara al Gobierno, en momentos en que éste carece de las capacidades políticas para dar respuesta a las demandas ciudadanas. En síntesis, se trata de una combinación de facto-res políticos adversos para un régimen presidencialista como el costarricense (gráfico 1.5).

El Partido Liberación Nacional (PLN) ganó la elección presidencial del 2006 con un 40,9% de los votos. En segundo lugar se ubicó el Partido Acción Ciudadana (PAC) con un 39,8%. El hecho más notable en ese proceso fue el desplome del respaldo electoral al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que únicamente alcanzó el 3,6% de los votos válidos emitidos para presidente. En la mayoría de los cantones ganados por el PUSC en el 2002 –en especial los ubicados en las provincias periféricas- triunfó el PLN. El PAC, por su parte, experimentó un ascenso importante en su apoyo electoral, gracias a que aglutinó los votos de la oposición “anti-Arias” de estratos medios y urbanos, mientras que el Movimiento Libertario (ML) no logró su objetivo de capitalizar el derrumbe electoral del PUSC e incrementar su caudal político y su presencia en el Parlamento. Debido a la polarización de la competencia entre el PLN y el PAC, los nuevos partidos fueron claros perdedores.

En esta oportunidad la merma en la participación de la ciudadanía y su desvinculación partidaria evidenciaron una vulnerabilidad en lo que se consideraba una fortaleza del sistema político costarricense: la gestión electoral. A diferencia de ocasiones anteriores, quedaron patentes deficiencias en el diseño y la gestión del proceso electoral, que pusieron de manifiesto problemas en la calidad de los mecanismos de selección de las y los representantes políticos y dejaron al descubierto importantes vulnerabilidades del sistema. Esta situación fue la base para que, por primera vez desde 1948, un partido político cuestionara la pureza del sufragio, lo que a su vez abrió un debate público inédito sobre esta materia y sentó un precedente para futuras elecciones. Pese a estas deficiencias, el proceso a través del cual las y los costarricenses eligieron, mediante el ejercicio del sufragio, a sus autoridades nacionales, legislativas y municipales en 2006, puede considerarse limpio. Con las evidencias existentes hasta ahora, no cabe duda de que el desenlace de las elecciones reflejó la voluntad popular.

Una vez más las preferencias electorales de las y los ciudadanos conformaron órganos de representación política divididos. En el caso de la Asamblea Legislativa, por cuarta ocasión consecutiva (1994-2010), ninguna agrupación posee la mitad más uno de los legisladores. En lo que respecta a las municipalidades, el PLN obtuvo 228 concejales (el 45%). Le siguen el PAC con 141, equivalentes al 28%, el PUSC y el ML con 59 (12%) y 36 (7%), respectivamente (Alfaro, 2006). Luego aparecen otros 23 partidos que consiguieron cuatro plazas o menos en los gobiernos locales. Si esto se valora desde la perspectiva de los serios desafíos documentados en los capítulos anteriores, es claro que el sistema político deberá procesar profundas reformas para apalancar el desarrollo humano en una etapa en la que, precisamente, su capacidad para hacerlo es menor.

Por otra parte, en el tema del marco regulatorio del financiamiento político no hubo ningún avance en el proceso electoral del 2005-2006, debido a la falta de voluntad legislativa para modificar la normativa en esta materia. Ello constituye un área de preocupante debilidad de la democracia costarricense, como se ha señalado en informes anteriores. La única en este ámbito fue que en las elecciones del 2006 el monto de la contribución estatal fue bastante mayor que el asignado en los tres procesos anteriores. Inicio

El Duodécimo Informe Estado de la Nación incorpora una nueva aspiración, relacionada con los mecanismos de democracia directa o semidirecta. La inclusión de este tema obedece a una reforma constitucional que estipula que en Costa Rica la forma de gobierno, además de representativa, es también participativa (artículo 9 de la Constitución Política)⁷. Frente a la erosión en el ejercicio de la representación política antes apuntada, el Informe reseña cómo el país se ha aprovisionado de mecanismos de consulta ciudadana, como el referéndum y la iniciativa popular. Sin embargo, en la actualidad el mayor desafío para el reconocimiento de la democracia directa, pasa por resolver la interrogante de cómo llevar a la práctica esos instrumentos consultivos.

Como en años anteriores el Informe examina si en la sociedad costarricense se cumple, y el grado en que ello ocurre, la aspiración de contar con un libre acceso ciudadano a una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todos. En la presente edición el seguimiento a la aspiración sobre administración de la justicia es particularmente acotado. Se enfoca en los indicadores de eficiencia relacionados con la justicia oportuna, pero sin estudiar aspectos sustantivos de carácter jurisprudencial. El énfasis recae más bien en dos materias, la justicia agraria y la contencioso-administrativa. Además se hace una breve mención sobre la justicia laboral.

En el 2005 hubo mejoras en la eficacia del sistema de administración de justicia con respecto a períodos anteriores. Cuando se examinan los indicadores generales, se observa que el aumento en la planta de jueces registrado en los últimos cinco años⁸, combinado con la relativa estabilidad en la entrada neta de casos judiciales ha repercutido de manera positiva en el número de casos pendientes al final de cada año.

Pese a estos avances, las materias aquí analizadas muestran resultados positivos y negativos. La justicia laboral reporta mejorías en algunos aspectos y deterioro en otros. Entre los logros cabe destacar la reducción, de 726 casos, en la cantidad de expedientes en trámite (al inicio del 2005 había 30.123 asuntos activos, y al 31 de diciembre se contabilizaron 29.397). Un desempeño opuesto lo presentó el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, ya que a pesar de haber recibido 339 asuntos menos que en el 2004, su número de expedientes en trámite creció en 1.287 casos (Solana, 2006).

Por su parte, la materia agraria es la que aporta el menor número de casos nuevos cada año: durante el quinquenio 2001-2005 su valor osciló entre 3.000 y 3.100 expedientes si se considera la entrada total, y entre 2.800 y 2.900 si se toma en cuenta solo la entrada neta. La duración promedio de los juicios ordinarios agrarios, hasta que se dicta sentencia, es de 31 meses y 2 semanas (más de dos años y medio). No obstante, existen sustanciales diferencias entre juzgados.

En materia contencioso-administrativa, el “megadespacho” que atiende en primera instancia inició funciones en el 2005, con un circulante de 2.299 expedientes y ocho jueces. Al finalizar el año reportó 4.390 expedientes, lo que implica un aumento del 90%, a pesar de que en ese período el número de jueces que integraban el Juzgado ascendía a catorce⁹.

En lo que concierne a la gestión política responsable, cabe señalar que el Parlamento postergó la aprobación de las reformas electorales en trámite, y no mostró avances significativos en temas pendientes en distintos campos. En su lugar, la normativa promulgada durante la última legislatura fue, en términos generales, de escasa trascendencia. Durante el período constitucional 2002-2006 se aprobó un total de 234 leyes, de las cuales el 28,6% fue presentado por el Poder Ejecutivo y el 71,4% por el Legislativo. Desde el punto de vista histórico, la producción descendió prácticamente en un 50% respecto del período constitucional precedente, en el cual se promulgaron 477 leyes. Resalta el hecho de que en la cuarta y última legislatura (2005-2006) se produjo más del doble de legislación (67 leyes, en comparación con 30 del período anterior). En cuanto a proyectos de ley, durante el período constitucional considerado la Asamblea Legislativa recibió 1.489 expedientes¹⁰, una cifra muy alta, que contrasta con las 234 leyes aprobadas; esto significa que, por cada 100 proyectos presentados, se emitieron 15,7 leyes (Zúñiga, 2006).

En términos del reconocimiento de derechos y la provisión de recursos para la aplicación de la normativa emitida por la Asamblea Legislativa, es importante mencionar que 41 de las leyes aprobadas en este ámbito conceden algún tipo de derechos, amplían los existentes o generan nuevas obligaciones para el Estado; sin embargo, solo en 15 de ellas (cerca de una tercera parte) se estipulan fuentes de financiamiento (sean recursos nuevos o la reutilización de los existentes) para atender esas obligaciones.

El presente Informe también analiza la conducción de la política exterior costarricense en el 2005. En materia de promoción de valores se dieron notables contradicciones e inconsistencias, mientras que en la defensa de los intereses políticos, económicos y diplomáticos bajó el perfil de la acción nacional y aumentó su supeditación a las tendencias de la acción regional centroamericana. En el primero de estos ámbitos, el país mantuvo una actitud muy "proactiva" en la presentación de iniciativas sobre derechos humanos y ambiente. Además se ubicó en posiciones de relieve en foros internacionales, lo que le permitió aumentar su visibilidad y proyección. Sin embargo, mostró una actitud inconsistente en la votación de la resolución sobre los detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo y no actuó con suficiente diligencia en el seguimiento de la petición de retirar su nombre de la lista de la coalición que realizó operaciones militares en Iraq, según mandato de la Sala Constitucional del año 2004. En la promoción y defensa de los intereses nacionales se observaron dos tendencias. Por un lado, la política exterior se inclinó más a fortalecer el posicionamiento de Costa Rica ante dos aliados tradicionales, Estados Unidos y Taiwán, que a construir mayores equilibrios estratégicos. Por otro lado, la acción internacional del país tendió a "regionalizarse", es decir, su relación con actores centrales de la geopolítica mundial se inscribió más en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que en la búsqueda de objetivos nacionales a través de relaciones bilaterales.

Por último, la conflictividad social del 2005, un año preelectoral, disminuyó sensiblemente con respecto al período anterior, del mismo modo que en el 2001 (otro año preelectoral), la conflictividad fue inferior a la del 2000. En el quinquenio 2000-2004 se registró un promedio de 462 acciones colectivas anuales, mientras que en el 2005 la prensa escrita reportó 371. En todo el período, los protagonistas centrales de estos hechos fueron los trabajadores, quienes gestaron el 44% de los movimientos (Mora, 2006). En orden de importancia les siguieron los grupos de vecinos y los empresarios. El principal recurso de la acción colectiva sigue siendo la declaración pública, que contabiliza el 32% de los casos en 20002004 y el 42% en el 2005. En este último año hubo una sensible disminución en el uso del bloqueo como mecanismo de protesta (solo un 6% de las acciones colectivas, en comparación con un promedio de 24% durante el período 2000-2004).

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