La presente Sinopsis se organiza en tres apartados, en concordancia
con la estructura general de esta publicación. En el primero
se ofrece una síntesis de las valoraciones y principales
hallazgos de cada uno de los capítulos usuales del Informe.
El objetivo es brindar a los y las lectoras, a manera de guía
general, una puerta de entrada a los análisis más
amplios y detallados que se exponen en la Parte I del Informe,
titulada " Seguimiento del desarrollo humano" . El segundo
apartado resume los principales componentes de los "Debates
para el desarrollo" que conforman la Parte II del Informe.
Finalmente, el tercer apartado presenta los valores de un conjunto
de índices internacionales, que permiten comparar la situación
de Costa Rica con respecto a otras naciones, así como detectar
cambios en el tiempo en estas valoraciones externas del país.
Seguimiento del desarrollo humano
Equidad e integración social
En el año 2005 Costa Rica se alejó de la aspiración de que
las personas puedan aumentar sus ingresos para llevar una vida
digna. Esto se fundamenta en la caída de los ingresos
de los ocupados por tercer año consecutivo, así
como en la disminución del ingreso social proporcionado
por el Estado a los hogares y a las personas. Fue un año
más de estancamiento y de postergación de decisiones,
en perjuicio de la gente y de las instituciones, sobre todo
de los más pobres, que incrementó el descontento
ciudadano.
De acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos (ENIG) del INEC, el coeficiente
de Gini pasó de 0,358 a 0,475 entre 1988 y 2004. Esto
significa que Costa Rica pasó de tener niveles
de desigualdad cercanos a los de países europeos, a rangos
más cercanos a los de otras naciones latinoamericanas
que destacan entre las más desiguales del mundo. Las
mediciones de corto plazo realizadas con la Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples (EHPM), si bien muestran
oscilaciones de un año a otro, reafirman esta tendencia
de largo plazo y ofrecen evidencia de un empobrecimiento de
las capas medias de ingreso. En los últimos años
(20012005), la medición de la desigualdad con este instrumento
reporta una mejora que, sin embargo, lejos de constituirse en
una buena noticia, expresa que el deterioro general de ingresos
está alcanzando a los sectores profesionales medios (décimo
decil captado por la EHPM), de tal forma que las brechas se
están cerrando, pues los ingresos de estos grupos tienden
a decaer y ser más cercanos a los rangos más bajos.
En el lapso de dieciséis años transcurridos entre las dos ENIG,
el aumento de la brecha de ingresos entre pobres y ricos se
expresa por el deterioro que experimentaron los pobres, pues
la tasa promedio de crecimiento anual de sus ingresos experimentó
una caída de casi un 1% real por año, mientras
que la de los ricos tuvo un incremento del 4% anual en el mismo
período.
Los resultados de largo plazo en materia de inequidad no tienen un impacto social
más negativo debido a que el país se apoya sobre
un umbral de alto desarrollo humano, que tiene por base la existencia
de instituciones que han mantenido por décadas políticas
de carácter universal. Estas instituciones logran sostener,
y en algunos casos aumentar, la acumulación de capacidades
en temas clave en virtud de un relativamente alto, aunque insuficiente,
nivel de inversión social. Es así como, en relación
con la aspiración de tener una vida larga y sana, en
el 2005 la esperanza de vida al nacer fue la más alta
registrada hasta ahora en el país: de 79,1 años
para ambos sexos, 76,9 para los hombres y 81,4 para las mujeres.
Esta medida, además de expresar la longevidad de la población,
resume las condiciones de mortalidad imperantes. El aumento
en la esperanza de vida en los últimos cinco años
se debe sobre todo a cambios en la mortalidad de los mayores
de 65 y menores de 89 años. Por otro lado, la mortalidad
infantil mostró un leve incremento en el 2005, al pasar
de 9,25 a 9,78 por mil nacidos vivos, pero fue la segunda más
baja en la historia.
Con respecto a la aspiración de tener un sistema de salud universal en
la cobertura, equitativo en el acceso y solidario en el financiamiento,
destacan varios hechos relevantes. Los servicios de salud presentan
mejorías tanto en las coberturas como en la calidad de
los servicios, de acuerdo con resultados de la evaluación
de los compromisos de gestión de la CCSS correspondientes
al 2005, al tiempo que hay esfuerzos importantes por reducir
las brechas entre coberturas totales y coberturas con calidad,
aunque se requiere un mayor empeño para que se cumplan
los criterios de atención de la "norma integral"
en todas las consultas. El Informe reporta un aumento significativo
en la cobertura de las personas hipertensas (de 73,6% en el
2000 a 84,3% en el 2005) y un avance sustancial en la atención
integral con cumplimiento de los criterios antes mencionados
(de 28,4% en el 2000 a 67% en el 2005). A diciembre del 2005,
los asegurados directos en el seguro de salud ascendían
a 1.095.187 personas, un 6,9% más que en 2004. Visto
desde la PEA, el seguro de salud cubría al 55,0% del
total, al 61,0% de la PEA asalariada y a un 45,3% de la no asalariada.
Destaca el notable incremento de 6,1 puntos, en la cobertura
del seguro de pensiones en la PEA no asalariada entre 2004 y
2005. Estos datos reflejan el esfuerzo que está
realizando la CCSS para captar a los trabajadores independientes,
como parte de una política institucional para fortalecer
la cotización en los seguros de salud y pensiones (CCSS,
2006).
Preocupan las dificultades que enfrenta el país en temas importantes.
La incidencia del dengue ha seguido aumentando, y no obstante
el patrón cíclico de la epidemia, las cifras muestran
que no ha existido ningún control que implique una reducción
sostenida. En el 2005 se reportaron 37.798 casos, el registro
más alto desde que reemergió la enfermedad en 1993,
para una tasa de 87 por diez mil habitantes. Este dato ubica a
Costa Rica como el país con la tasa de incidencia más
alta de América Latina, superando por amplio margen a los
dos países que le siguen (Honduras con 25,6 y El Salvador
con 22,2 (PAHO, 2006). El aumento del 2005 significa que
una gran parte del territorio nacional tiene presencia del mosquito
transmisor del virus, y por tanto, que los riesgos se han extendido
más allá de lo que se puede atender de manera inmediata
y con actividades de control localizadas. 
Inicio
Otro tema que preocupa es el panorama nutricional y su relación con los
hábitos alimentarios de la población. Diferentes
estudios y encuestas evidencian un cambio en el perfil del
país en esta materia, de modo tal que los problemas más
frecuentes están ahora asociados a excesos en el consumo
de energía (grasas y azúcares en particular), lo
que genera sobrepeso y obesidad en edades cada vez más
tempranas, y afecta ya a adolescentes y escolares, tanto en zonas
urbanas como rurales. Esta situación contrasta con la que
prevaleció en el país durante el siglo XX, cuando
la desnutrición era el principal motivo de preocupación
en este ámbito.
Los nuevos desafíos que plantea el cambio en el perfil epidemiológico
de la población, así como los problemas de gestión
institucional y calidad de la atención que se han venido
incrementando en los últimos años, se pusieron de
manifiesto en el 2005 con el trágico incendio del
Hospital Calderón Guardia, o bien con los problemas de
recursos humanos y equipos reportados al Ministerio de Salud por
los hospitales regionales y periféricos y del primer nivel
de atención. El episodio del incendio, además de
la lamentable pérdida de vidas humanas, evidenció
la lentitud del sistema para tomar medidas correctivas y oportunas
sobre problemas que ya habían sido señalados por
estudios previos del Ministerio Salud y el Cuerpo de Bomberos
(INS, 2004, 2005 y 2006). El daño en infraestructura que
sufrió el Hospital Calderón Guardia afectó
la atención de casi un millón de usuarios de ese
centro médico y las pérdidas materiales ascendieron
a 19.396.000 dólares, según estimaciones de la CNE
(Decreto de Emergencia 32479-MP-S-H). La evaluación más
reciente del Ministerio de Salud indica que el 63% de las construcciones
hospitalarias del país son obsoletas para las funciones
que desempeñan (Ministerio de Salud, 2006a). Se considera
que los aspectos de seguridad e higiene del trabajo, prevención
de emergencias y desastres, manejo de desechos y fluidos
sólidos y gaseosos, están en estado crítico
y a punto de colapsar (Ministerio de Salud, 2006b).
El tema de los recursos humanos del sector salud es complejo y necesita urgente
atención y planificación a fin de
atender los requerimientos del sistema, tal como lo indica un
estudio realizado por el CENDEISS en el 2002. Entre la graduación
de médicos residentes y las necesidades de especialistas
existe una brecha que implica un déficit de 448
profesionales en los siguientes cinco años y de 1.068
a diez años (Parada et al., 2002).
En cuanto a la aspiración de que los habitantes del país puedan
acceder al conocimiento y desarrollar destrezas que les permitan
vivir la vida que valoran, en el año bajo análisis
se siguieron registrando mejoras en las coberturas de todos
los niveles del sistema educativo tradicional, especialmente
en pre-escolar, donde el ciclo de transición (6 años)
alcanzó una cobertura de 92,2%, y en la secundaria, que
mostró tasas de escolaridad de 75,6% (bruta) y de 66,1%
(neta). No obstante, preocupan las coberturas del cuarto ciclo
o ciclo diversificado, que se mantuvieron cercanas al
40,1%. Para todo el país la escolaridad promedio aumentó
tan solo 1,3 años entre 1988 y 2004 (de 6,5 a 7,8 años),
lo cual deja en evidencia la necesidad de fortalecer la educación
nacional, cerrar brechas y no permitir retrocesos. Las tasas
específicas de escolaridad por edades simples siguen
reflejando el proceso de abandono y desgranamiento del
sistema educativo, que comienza a presentarse de manera paulatina
a partir de los 12 años, cuando se reduce a 92,3% en
comparación con 98,2% a los 11 años, y continúa
descendiendo a medida que aumenta la edad.
La expulsión que el sistema educativo nacional hace anualmente de niños
y jóvenes, un asunto sobre el cual este Informe ha insistido
en forma reiterada, sigue siendo un motivo de preocupación
en tanto revela con claridad una situación de pérdida
de capacidades y, hacia futuro, de falta de oportunidades para
la población afectada. En la educación primaria
la expulsión se mantiene dentro de sus tendencias de
los últimos quince años, con un leve descenso
que va de 4,9% en 1998 a 3,4% en el 2005, y algunas oscilaciones
en el medio. En la educación secundaria, luego de un
período en el que este fenómeno mostró
una importante tendencia hacia la disminución, en los
últimos tres años volvió a incrementarse,
al pasar de 10,4% en el 2003, a 11,6% en el 2004 y 12,5% en
el 2005. En sétimo año estas cifras alcanzaron
16,6%, 18,3% y 19,2%, respectivamente. Las tasas más
elevadas siguen registrándose en las etapas de transición,
al ingreso a secundaria en sétimo año y al inicio
de la modalidad diversificada en décimo año.
En ediciones anteriores se ha discutido el tema de las brechas entre la educación
pública y la privada. Este año el Informe ha hecho
esfuerzos adicionales en este ámbito, al incorporar un
análisis exploratorio de la información disponible
sobre diversas variables de desempeño de los colegios
de la GAM durante el período 2002-2005, el cual arroja
evidencia clara sobre las brechas que existen entre los distintos
tipos de instituciones. La tasa de deserción promedio
es muy baja en los colegios privados y en los centros que reciben
subvención estatal, y relativamente baja en los colegios
técnicos profesionales (en los tres casos no supera el
5% de los alumnos), pero se incrementa de modo sensible en los
colegios públicos académicos diurnos. El análisis
de desempeño educativo (en términos de capacidad
para retener a sus estudiantes en undécimo año
y graduarlos con buen rendimiento) según el tipo de centro,
muestra que, en un listado de 215 colegios de la GAM ordenados
según estos criterios, el primer colegio público
académico diurno aparece en el puesto 63. El Informe
también incluye una exploración cualitativa que
busca identificar factores asociados al éxito que
han obtenido diversos tipos de centros educativos. Pese a las
diferencias en la composición del alumnado y el profesorado,
entre otras, en todos los colegios exitosos se observan patrones
comunes, como el rigor académico, la clara identidad
de las instituciones, estricto apego a las metas académicas
definidas y el papel clave que juega la figura del
director (Unimer R. I., 2006).
Un hallazgo relevante es que, como resultado de la deserción y la reprobación,
el país pierde por año cerca de 51.000 millones
de colones, que representan un 0,5% del PIB. Si bien es cierto
que no todo lo invertido en un alumno que pierde el curso lectivo
y tiene que repetirlo, o en uno que lo abandona sin completarlo,
es una pérdida neta, pues algún aprendizaje se
obtuvo y algunas destrezas se desarrollaron, lo real es que
el proceso no se completa o el Estado debe repetir el esfuerzo
elaño siguiente, y en esa medida la inversión
obtiene un menor rendimiento (Trejos, 2006).
En términos de la aspiración de que las personas puedan tener una
vivienda digna y desenvolverse en un entorno libre de amenazas,
el país mostró pocos cambios en el 2005. El
acceso a vivienda para los hogares de menores ingresos contó
con menos apoyo estatal en el 2005 con respecto al 2004. La
cantidad de bonos de vivienda otorgados disminuyó en
un 14% y la inversión total se redujo en casi 700 millones
de colones. En el 2005 se suspendieron las auditorias de la
calidad de la vivienda que se venían realizando en
este sector, porque la Comisión de Asuntos Hacendarios
de la Asamblea Legislativa eliminó la partida presupuestaria
correspondiente (Fallas, 2006; FUPROVI, 2006b). Por otro lado,
se mantuvo la tendencia de incremento en los delitos contra
la vida, particularmente en los homicidios. La tasa de víctimas
que fallecieron en un accidente vehicular (incluyendo motocicletas
y bicicletas) fue de 14,8 por cada cien mil habitantes. La
tasa de criminalidad y la tasa de delincuencia crecieron por
segundo año consecutivo.
Inicio
Un estudio preparado para este Informe indagó sobre factores familia-res,
comunitarios y de política pública asociados
al éxito o no éxito de proyectos financiados
por medio del bono familiar de vivienda, y acerca de los costos
que implica para los hogares vivir en comunidades deterioradas.
Entre otros aspectos, se determinó que promover la
participación de los beneficiarios en el desarrollo
de actividades colectivas, como la construcción de
la infraestructura o en obras comunales post-construcción,
es un factor asociado a las comunidades más exitosas
(no así otro tipo de participación). También
se identificaron factores relevantes para el diseño
de las políticas públicas de vivienda, como
la necesidad de mejorar la calidad de los estudios socioeconómicos
para calificar a los potenciales receptores del subsidio,
la agilización de los trámites y evitar el "clientelismo"
en el otorgamiento del bono. Con respecto a los costos para
las familias, el estudio mostró que quienes viven en
proyectos muy deteriorados (no exitosos) tienen que invertir
más que los que viven en las comunidades en mejores
condiciones (exitosas) en remodelar y ampliar casas que no
les satisfacen. Además, consideran su entorno más
inseguro y de menor calidad (FUPROVI, 2006a).
Los avances en materia de igualdad de oportunidades son escasos. El país
se alejó de la aspiración de que las personas
puedan aumentar sus ingresos para llevar una vida digna. Como
ya se mencionó, por tercer año consecutivo la
remuneración promedio de los ocupados (en la ocupación
principal) volvió a caer en términos reales,
esta vez en un 3,7% con respecto al año anterior (en
el 2004 se había reducido en 5,8% en relación
con el 2003). Por sector de ocupación la caída
del 2005 se dio en todos los sectores, principalmente en el
informal (5,4%). A esta tendencia se agrega la disminución
del ingreso social proporcionado por el Estado a los hogares
y a las personas, que en términos per cápita
acumula en los últimos tres años una contracción
real de 6,3% (gráfico 1.1). Esta erosión
del ingreso social es el resultado de políticas restrictivas
orientadas a sostener la estabilidad, en un marco de severa
insuficiencia fiscal. La reducción se materializó
en acciones concretas que afectaron gastos en salud y vivienda,
y que tuvieron repercusiones críticas en el caso de
los recursos que el FODESAF destina a la atención de
los sectores más pobres de la población. Por
primera vez en su historia, este Fondo no recibió dinero
alguno por transferencia del impuesto sobre la renta.
Para sortear la situación descrita, los hogares incorporaron nuevos miembros
a la fuerza laboral, generalmente en empleos de baja calidad.
El número de perceptores de ingreso pasó de
1,44 a 1,51 por hogar, lo que ocasionó un aumento en
los ingresos de los hogares de un 2,8% entre 2004 y 2005,
equivalente a un 3,8% en términos per cápita.
Esta inserción de más personas al mercado de
trabajo es lo que per-mite entender que, pese a la caída
de los ingresos por ocupado, los hogares hayan percibido más
ingresos.
El porcentaje de hogares pobres se mantuvo básicamente en el mismo nivel
(pasó de 21,7% a 21,2%, lo que está dentro del
margen de error de la medición; (gráfico
1.2). Si se añade la proporción de hogares vulnerables
(13,2%), que fue ligeramente superior a la del año
anterior, el resultado es un total de hogares en situación
de pobreza o vulnerabilidad de 34,4%, cifra similar al 34,2%
del año previo. Esto sugiere que el aumento en el número
de perceptores, por sí solo, no es suficiente
para reducir la vulnerabilidad. Los hogares con jefatura femenina
siguen mostrando la mayor incidencia de pobreza, pues supera
en 7,1 puntos porcentuales a los hogares con jefatura masculina
(Sauma, 2006).
Inicio
En el año 2005 se reportó un incremento en el número de
ocupados, de1.653.879 a 1.776.903, es decir 123.024 personas
más, una cifra considerable-mente mayor que la observada
en años anteriores. Esto se refleja en el crecimiento
de la tasa neta de participación, que en el año
2005 alcanzó un 56.8% para ambos sexos; en los hombres
creció un 1,4%, mientras que para las mujeres lo hizo
en un 9,8% que representa el incremento más alto de
los últimos quince años. La rama de "hogares
privados" con servicios domésticos captó
una cuarta parte del aumento y una tercera parte se ubicó
en la categoría "no calificada". La importancia
relativa de los ocupados de tiempo parcial se amplióen
el 2005, pues uno de cada cinco de ellos desempeñó
ocupaciones de menos de 15 horas y otro de cada cinco actividades
de 15 a 30 horas. Cabe señalar que parte del incremento
en el número de ocupados se relaciona con una mejor
captura de información, sobre todo en lo que concierne
al empleo de las mujeres, lo cual pone en evidencia un problema
de invisibilización del trabajo femenino.
Un aspecto que llama la atención es el aumento de los ingresos que experimentaron
los hogares más pobres por concepto de transferencias
de dinero, las cuales pasaron de representar un 10,4% del total
de ingresos en 1988 a un 21,4% en el 2004, para un crecimiento
anual promedio de 3,6%.
Es importante destacar el esfuerzo que ha hecho el INEC, al producir la nueva
Encuesta de Ingresos y Gastos. Este instrumento brinda un amplio
y valioso acervo de información que permitirá
extender y profundizar el análisis sobre las tendencias
y transformaciones que experimentó el país entre
1988 y 2004, en términos de la estructura de las fuentes
de ingresos y la forma en que los hogares distribuyen ese ingreso
para adquirir bienes y servicios (recuadro 1.2).
Este año el capítulo "Equidad e integración social"
hace un importante esfuerzo de incursión en el análisis
de brechas de género y brechas regionales. En este
último caso persisten notables diferencias en numerosos
indicadores entre cantones. Destacan los valores altos reportados
tanto en el índice de Gini como en el porcentaje de
hogares pobres para la totalidad de los cantones de Guanacaste
o la región Chorotega, y de la región Brunca
y todos -excepto uno-de los cantones de la Pacífico
Central.
Elanálisisdebrechasdegéneromuestra pocos cambios en las tendencias
generales que se han venido señalando en informes anteriores.
En materia de empleo, en el 2005 la tasa neta de participación
femenina alcanzó un máximo histórico
del 40,4%, aunque esto no se tradujo necesariamente en mejores
condiciones de inserción para ellas, como lo evidencia
su tasa de subutlización total, que fue 6,5 puntos
mayor que la de los hombres, y que muestra un importante aumento
en los últimos diez años, lo cual se explica
por el mayor impacto del desempleo abierto femenino que alcanzó
9,6% en el 2005, y el subempleo visible, que se ubicó
en 7,5%.
El Décimo Informe constató que la inversión social pública
(ISP) de los años noventa impactó la tendencia
a la concentración del ingreso, no cambiando su dirección
pero sí disminuyendo su intensidad, cumpliendo así
un papel clave para el logro de la aspiración nacional
de tener una sociedad cada vez más equitativa e integrada.
No obstante, en el 2005 la ISP per cápita mostró
una contracción real por tercer año consecutivo,
asociada a restricciones fiscales crecientes que ponen
en peligro la sostenibilidad financiera de esta inversión.
Los recursos disponibles para financiar sanamente los
gastos sociales con los ingresos tributarios se redujeron
desde un nivel del 9% del PIB, hasta algo menos del 7% en
el último quinquenio (Trejos, 2006). Además
de estos problemas, las instituciones ejecutoras de la ISP
muestran debilidades de gestión que se han venido señalando
en informes anteriores. Esta edición incluye un trabajo
exploratorio basado en un conjunto amplio de estudios realizados
por la CGR sobre diversos programas sociales, con el fin
de determinar el tipo y la frecuencia de los problemas de
gestión que experimentan estos programas. El estudio
identifica tres grandes categorías de causas
relacionadas con los problemas de gestión de las instituciones:
situaciones vinculadas a decisiones políticas, débiles
capacidades gerenciales de las autoridades responsables y
los mandos medios, y procesos de planificación
y registros de las poblaciones beneficiarias deficientes
o inexistentes. Esto, a su vez, impide la realización
de evaluaciones periódicas y la puesta en marcha de
acciones oportunas frente a los problemas que se van presentando.
Los resultados así obtenidos representan un primer
esfuerzo por sistematizar las dificultades de gestión
de las instituciones.
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