En el 2005 hubo aspectos positivos y negativos que caracterizaron el año en términos de oportunidades, estabilidad y solvencia económicas. Entre los elementos positivos se encuentra un crecimiento del PIB de 5,9%, el cual fue impulsado principalmente por el dinamismo del sector exportador,tanto agrícola como industrial. En el ámbito fiscal, el déficit del Gobierno Central pasó de representar el 2,7% del PIB en el 2004 a 2,1% en el 2005. También mejoró la capacidad de la economía para atender sus necesidades de corto plazo, mediante la acumulación de reservas monetarias internacionales. Entre los aspectos en los que no se logró avanzar destaca el deterioro en la estabilidad y la solvencia económicas -sostenibilidad- que coloca a la economía costarricense en una situación de alta vulnerabilidad. Esto se manifiesta en la fuerte dependencia de los ingresos por inversión extranjera directa para financiar la cuenta corriente, dado el incremento significativo del déficit comercial en los últimos años, y en la fuerte reducción del gasto en inversión social y en infraestructura, que compromete las posibilidades de generar crecimiento en el futuro. En materia monetaria en el 2005 se registró el nivel de inflación más alto de los últimos ocho años, 14,1%, el cual estuvo lejos de la meta inflacionaria del 10% propuesta por el BCCR. Este comportamiento se explica en parte por el efecto de los términos de intercambio, fundamentalmente el shock de los precios del petróleo, y la tasa de devaluación del colón con respecto al dólar. Pese a la importancia de este factor externo, las causas internas entre ellas las pérdidas del Banco Central siguen siendo los principales determinantes de la inflación.

Con respecto a la producción, los sectores de la industria y la agricultura experimentaron una reactivación, luego de que en el 2004 se habían desacelerado. El sector servicios se mantuvo como el más importante, aunque sufrió una leve desaceleración. El sector manufacturero mostró una tasa de crecimiento considerable (11,8% en 2005 frente a 3,6% en 2004) debido principalmente al desempeño de las zonas francas, cuyo valor agregado pasó de 8% en el 2004 a 25% en el 2005. El sector de transporte y telecomunicaciones, pese a ser el segundo de mayor crecimiento, en el 2005 creció 2 puntos porcentuales menos que en el 2004 (9.8% en el 2005).

La demanda externa se incrementó en un 12,6%, debido al dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios. Las primeras alcanzaron un nuevo récord histórico, de 7.026 millones de dólares, en tanto las exportaciones de servicios aumentaron un 12,2%, debido a la expansión de las actividades turísticas. Las exportaciones de la industria manufacturera aumentaron en 13,1%; dentro de este sector, el mayor dinamismo se dio en las empresas extranjeras bajo el régimen de zonas francas, en particular los subsectores de electrónica, alimentos, productos químicos y farmacéuticos y equipo médico y de precisión. Por su parte, las exportaciones de bienes agrícolas se expandieron en 5,5%; piña, café, plantas, flores y follajes fueron los rubros de mayor crecimiento, y amortiguaron la caída que sufrió la producción bananera, por factores climáticos, a inicios del 2005 (PROCOMER, 2006).

La demanda interna -constituida por la inversión, el consumo y el gasto de gobierno- creció un 5,4% frente a un 4,6% en el 2004. Este escaso dinamismo en comparación con el comportamiento de la demanda externa se debió a la reducción de los gastos de inversión pública, acompañada de una mayor contención del gasto de consumo del Gobierno. Este último creció un 1,2%, menos que en el 2004. El consumo final de los hogares mostró un incremento del 3,9%, en tanto el crecimiento de la inversión fue de 11,5% en el 2005. Este último obedeció a la inversión de la empresa privada en la compra de maquinaria y equipo, mientras que la inversión en nuevas construcciones cayó tanto en el sector público como en el privado.

El ingreso nacional disponible (IND) registró un aumento de 3,7%, inferior en 2,2 puntos porcentuales al crecimiento de la producción medida por el PIB, lo que se explica principalmente por los recursos dedicados al pago neto a factores externos (gráfico 1.3). Esta brecha, persistente en los últimos años, da cuenta de la desarticulación de la economía, expresada en escasos encadenamientos productivos entre las empresas extranjeras dedicadas a la exportación y las empresas nacionales. Esto apunta a la necesidad de impulsar políticas de fomento a las actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría, a fin de promover una mayor contribución de la economía interna al crecimiento del PIB y la generación de mayores posibilidades de empleo, ingresos y disminución de la pobreza (Matarrita, 2006).

En el año 2005 la economía abrió nuevas oportunidades de empleo. Se registró un aumento que llevó el número de ocupados a un total de 1.776.903 personas. Cabe aclarar, sin embargo, que este incremento responde tanto al mayor crecimiento económico del año, como a una mejor captura de la información, sin que sea posible determinar la importancia relativa de cada uno de estos elementos. El aumento registrado en el empleo representa la mayor tasa neta de participación del período 2000-2005; el 56,8% de la población de 12 años y más estaba económicamente activa en el año bajo análisis. La tasa neta de participación, tanto para los hombres como para las mujeres, presentó valores máximos; esta situación se manifestó especialmente entre las mujeres, cuya tasa de participación (40,4%) superó por casi 2 puntos porcentuales las mediciones anteriores. Del total de ocupados registrados en el 2005, el 35% corresponde a mujeres y el 65% a hombres. De acuerdo con el fuerte incremento del empleo, las tasas de ocupación del año 2005 también fueron las más elevadas del período 2000-2005. Sin embargo, cabe destacar que, al mismo tiempo, la tasa de desempleo abierto mostró un leve aumento (6,6%). Por rama de actividad, el resultado que más llama la atención es el incremento del 9,8% en el número de ocupados en agricultura y ganadería (23.228 personas), pues la tendencia de los últimos años era hacia la reducción del empleo en este sector. Surge entonces la duda de si estas cifras reflejan una reversión de la tendencia, o simplemente una mejor captura de los ocupados en estas actividades (Sauma, 2006). En el año 2004 había un total de 245.328 ocupados en el sector agropecuario (incluyendo pesca), cifra que ascendió a 269.975 en el 2005.

En materia de crédito, el crecimiento del crédito neto total fue el menor de los últimos tres años, 19,4%, contra un 26,2% en el 2004. Este comportamiento se explica por la importante caída del crédito al sector público, que mostró una tasa de crecimiento negativa, de 12,3%, en contraste con los aumentos de 66%, 34% y 60% registrados en los tres años precedentes. Esto se debió a que las necesidades de endeudamiento del Gobierno fueron menores, dada la reducción del déficit fiscal, y a que algunos de los títulos fiscales adquiridos por los bancos comerciales en el 2004 vencieron en el 2005 y el Gobierno decidió no renovarlos. Paralelamente, el crédito al sector privado tuvo un incremento de 29,9% en el 2005, 10 puntos porcentuales más que en el 2004, fundamental-mente por el crédito otorgado por los bancos comerciales al sector privado no financiero. Este renglón representa cuatro quintas partes del crédito interno total, su crecimiento es el más estable y fue de 29% en el 2005. Inicio

En el ámbito fiscal las cuentas mostraron una mejora en el 2005 con respecto al año anterior. El déficit del Gobierno Central, como proporción del PIB, disminuyó de 2,7% a 2,1%, el resto del sector público no financiero incrementó su superávit de 0,4% a 1,2% del PIB² y el déficit del Banco Central aumentó de 1,3% a 1,4%. De esta forma, el balance fiscal consolidado para el sector público global pasó de -3,6% del PIB en el 2004 a -2,3% en el 2005, el menor registrado en los últimos cinco años. Las finanzas del Gobierno Central explican más del 70% de la mejora en la posición financiera del sector público global entre 2002 y 2005.

En el 2003 los ingresos tributarios aumentaron en 0,15 puntos porcentuales del PIB, mientras los no tributarios lo hicieron en 0,25 puntos del PIB. Del crecimiento real de 4,6% que registraron los ingresos en el 2005, un 55% provino de un incremento en la recaudación del impuesto de ventas ventas internas y ventas de productos importados (ventas externas)-, y un 35% del impuesto sobre la renta. La Ley de Contingencia Fiscal promulgada en el 2003 introdujo cambios en algunos ingresos no tributarios, lo cual explica buena parte del positivo desempeño en este rubro de ingresos. Entre las mejoras logradas está el importante crecimiento de la base de contribuyentes, particularmente en renta, donde se observa un notable aumento durante los tres últimos años. El número total de contribuyentes en renta y ventas creció un 48% entre 2000 y 2005, con lo que en la actualidad se contabilizan 139.525 personas y entidades más que hace cinco años. El 88,6% de este incremento corresponde a contribuyentes de renta. Estos resultados reflejan un significativo aumento en la base impositiva entre el 2003 y el 2005, proveniente en buena medida de una mejora en la gestión de cobro. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer en esta tarea, ya que existe una alta tasa de evasión en los tributos de ventas y renta³. Además del combate a la evasión, se requiere un sistema que propicie una mayor equidad y justicia tributarias, gravando rentas de igual cuantía en forma no diferenciada y ampliando la base impositiva para incorporar a los sectores actualmente exentos del pago de impuestos, con lo cual también se incrementaría la carga tributaria. Además, hoy Costa Rica tiene diversas necesidades coyunturales y estratégicas de gasto público que demandan una carga tributaria más alta. Así por ejemplo, existen importantes inversiones en infraestructura que se han dejado de hacer en los últimos tres años, algunos pasivos contingentes aún no están contabilizados y la economía del conocimiento exige mayores inversiones en el área de educación⁴.

En lo que concierne al gasto público, entre las estrategias utilizadas para controlarlo se encuentra la práctica de trasladar recursos a las entidades públicas en los últimos meses del año, lo cual limita el tiempo disponible para ejecutarlos. El Ministerio de Educación, el PANI, el FODESAF y el CONAVI, entre otros, son instituciones que han sido afectadas por la entrega tardía de fondos. Mediante esta y otras prácticas, las autoridades han sido exitosas en reducir los gastos del Gobierno, gracias a lo cual se logró una mejora en el superávit primario en los últimos tres años (2,1% del PIB). En este periodo los gastos sin intereses se redujeron 1,6 puntos porcentuales del PIB y representaron el 78,3% de esa mejora. La mayor reducción (0,6 puntos porcentuales del PIB) se registró en el 2003, mientras que tanto en 2004 como en 2005 alcanzó 0,5 puntos del PIB. Esta tendencia decreciente podría reflejar el margen cada vez más estrecho que han venido enfrentando las autoridades en los últimos años, debido a las crecientes presiones sociales para aumentar el gasto social y la inversión en infraestructura, así como producto de la rigidez que muestran los gastos públicos más significativos, tales como salarios, pensiones e intereses (Rosales, 2006). De esta forma, los gastos de capital y las transferencias corrientes son los rubros que más han visto reducida su participación en los gastos totales.

En materia de cuentas externas, entre 2004 y 2005 se observa un leve deterioro en el comportamiento del saldo de la cuenta corriente, que pasó de 4,3% a 4,8% del PIB, lo cual implica que se mantuvo en el nivel promedio del último cuatrienio. Sin embargo, ese saldo ha sido afectado por un incremento del déficit comercial que se viene dando desde 1998 y que se ha agravado en los últimos tres años; en 2005 llegó a representar el 10,7% del PIB, frente a un 7,7% en el 2004. Entre las principales causas de esta situación está el fuerte aumento en el precio de los hidrocarburos, elemento crítico que reduce el margen de maniobra de la política económica, pues la magnitud de la factura petrolera obliga a hacer un esfuerzo mayor para evitar un deterioro en las cuentas externas. Por otra parte, la cuenta de servicios no financieros registró un saldo positivo, de 1.140,2 millones de dólares, producto de las actividades relacionadas con el turismo, que contribuyen de manera sostenida a generar ingresos netos para la economía. Las transferencias corrientes también mostraron, al igual que en años anteriores, un saldo positivo. Cabe resaltar que en el 2005 los ingresos por concepto de remesas familiares se incrementaron en términos nominales en un 32% y llegaron a representar el 2% del PIB (gráfico 1.4).

El financiamiento del déficit en cuenta corriente es cubierto en un 89,7% por la inversión extranjera directa (IED), que ascendió a 861 millones de dólares en el 2005 (equivalentes al 4,3% del PIB) y de los cuales el 48,7% fue reinversión. De este modo continuó la tendencia observada en años anteriores, y pese a la no aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. El 80,4% de la inversión tuvo como origen los Estados Unidos y la mayor parte se dirigió a las zonas francas. Esta dependencia de la IED para financiar un creciente déficit de cuenta corriente constituye una vulnerabilidad, pues una interrupción repentina en el flujo de estos recursos podría poner al país en una situación difícil (Matarrita, 2006).Mejorar la posición competitiva de Costa Rica en materia de IED requiere la atención de ciertas necesidades relacionadas con el clima de inversión. En particular hay cuatro áreas en las cuales se debe actuar en el corto plazo: régimen de incentivos, telecomunicaciones, recur-so humano y trámites (CINDE, 2006). El amplio régimen de incentivos tributarios que Costa Rica otorga a las zonas francas debe ser sustituido, tanto por razones asociadas a los acuerdos de la OMC, como por los débiles encadenamientos fiscales que propicia. Además resulta paradójico que la IED, que demanda grandes cantidades de recursos humanos calificados, no contribuya fiscalmente para financiar los sistemas de formación del país.

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