| ESTADO DE LA REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN |
Sinopsis del Estado de la Región | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desigualdades en el
acceso a los servicios de educación y salud Prevalecen, en toda la región, inequidades en el acceso a los servicios básicos de salud y saneamiento; los indicadores de resultado siguen siendo insatisfactorios en relación con metas aceptadas en foros internacionales. La tasa de mortalidad infantil estimada para el istmo es de 38.2 por cada mil nacidos vivos. La desnutrición infantil es un serio problema de salud pública, pues se estima que un 24.5% de los niños y niñas centroamericanas, uno de cada cuatro, padece desnutrición crónica. En materia de saneamiento básico (alcantarillado y otros sistemas de evacuación de excretas), el 25% de la población regional no cuenta con medios adecuados, situación especialmente grave en la zona rural. En todos los países se han iniciado procesos de reforma de los sistemas de salud; sin embargo, no hay garantía o evidencia de que esos procesos sean suficientes, al menos en el corto plazo, para reducir las inequidades y alcanzar las metas internacionalmente aceptadas (véase Capítulo 6). Por otra parte, en la actualidad casi uno de cada tres centroamericanos de 15 o más años de edad es analfabeto. La situación es más grave en Guatemala y Nicaragua, entre las mujeres, en la zona rural y entre la población indígena. En 1997 se quedaron sin matricular uno de cada cinco niños de 7 a 12 años de edad y tres de cada cinco jóvenes de 13 a 17 años. La tasa de escolaridad es muy baja para los preescolares. Ello señala la insuficiencia de las acciones educativas tanto en la cobertura y la retención escolar, como en la equidad. De cada mil alumnos que ingresan al primer grado, solamente 604 culminan satisfactoriamente su sexto grado. Demoran en promedio 8.5 años calendario en graduarse, o sea, 1.4 años calendario por cada grado escolar. Al menos una de cada cuatro escuelas primarias es unidocente o de maestro único; los establecimientos de este tipo atienden a un 5% de los estudiantes. Un 22% del total de maestros en educación preescolar, primaria y secundaria no es titulado. El gasto público en educación, que incluye todos los niveles educativos, fue en el período 1994-1995 de 38.7 per cápita (US$ de 1987), cerca del 3.4% del PIB regional. El pago de salarios representa la mayor parte del gasto en educación, pese a los bajos salarios pagados, y queda poco para gastos de inversión y compra de materiales y equipos didácticos. Todos los países han emprendido reformas educativas, pero no hay indicadores para su adecuado seguimiento y evaluación, de manera que se desconoce su avance o logros reales. Existen débiles mecanismos de cooperación horizontal en esta materia (véase Capítulo 6). Desigualdades en el acceso a vivienda y servicios básicos Hacia principios de la década de los 90, un 53% de las viviendas centroamericanas se consideraban adecuadas, un 23% (más de un millón de viviendas) irrecuperables, y el 24% restante en mal estado, pero recuperables. Nicaragua y El Salvador son los países con mayores porcentajes de viviendas irrecuperables (45% y 34% respectivamente). Para mediados de la misma década y sin incluir el impacto del huracán Mitch, se estimaba el déficit total en 2.5 millones de viviendas, 1.3 millones por deficiencias cuantitativas y 1.2 millones por deficiencias cualitativas (Sauma, 1999). Se calcula que el 31% de los centroamericanos no tiene acceso a los servicios de salud, cifra mayor en las zonas rurales y, por países, en Guatemala, Honduras y El Salvador (véase Capítulo 6). Muchos asentamientos se han desarrollado en zonas de alto riesgo. Cuando se logra movilizar a familias residentes en estas áreas, su lugar es ocupado, casi inmediatamente, por otras familias, como ocurre en Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala. Como resultado del huracán Mitch, especialmente en Honduras y Nicaragua, el déficit de vivienda aumentó. Desigualdades de género La situación de las mujeres es claramente más desventajosa que la de los hombres. En toda la región, el valor del IDH desciende cuando se examina las desigualdades que sufren las mujeres en educación, salud e ingresos. Ello se refleja en el Indice de Desarrollo relativo al Género (IDG), calculado por el PNUD. Asimismo, las mujeres están peor ubicadas en el mundo laboral y en la participación política, tal como refleja el Indice de Potenciación del Género (IPG) (Cuadro 1.7). Por ejemplo, mientras el país con mayor valor de IDH en el mundo supera a 1.08 veces a Costa Rica, el mejor país centroamericano, la nación con mayor valor de IDG lo supera 1.15 veces, y el de mayor IPG, en 1.57 veces. Este ensanchamiento de la brecha, cuando se consideran las desigualdades de género, ocurre en todos los países centroamericanos para los cuales existe información.
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| Otras evidencias de las
desigualdades de género son: menores tasas de participación femenina en el mercado de
trabajo y mayores tasas de desempleo abierto. La tasa de analfabetismo es, como promedio
regional, un 18.3% mayor para las mujeres. Respecto a la feminización de la pobreza,
mientras en Costa Rica, El Salvador y Honduras la tasa de femineidad19 es más alta entre las personas
pobres, lo contrario acaece en Guatemala, Nicaragua y Panamá (Kanbur y Lustig, 1999). En
materia de salud reproductiva, el porcentaje de uso de anticonceptivos en las mujeres,
alrededor de 1990, fue de apenas 45%, con diferencias entre países; Guatemala y Nicaragua
mostraron los menores porcentajes. Finalmente, la violencia doméstica, especialmente
contra la mujer, sigue siendo un grave problema. La novedad aquí es el surgimiento de
instituciones que atienden este problema y un crecimiento de las denuncias por parte de la
población (véase Capítulo 10). Pueblos indígenas sufren múltiples desigualdades La población indígena ascendía a 6.76 millones de personas en 1992, es decir, cerca del 20% de la población total de la región. La mayor parte de estos habitantes reside en Guatemala (casi un 80%). Diversos estudios coinciden en señalar las desigualdades sistemáticas que afectan a los pueblos indígenas, pues, independientemente del país donde vivan, tienen menores expectativas en cuanto a esperanza de vida y acceso a la educación, y mayores tasas de deserción escolar, mortalidad por enfermedades prevenibles, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna y, en general, una mayor incidencia de la pobreza que las poblaciones no indígenas (OPS, 1998) (véase Capítulo 6).
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