RESUMEN
Primero, pese a acuerdos regionales, el aumento de la inversión extranjera directa, mucha de ella dirigida a actividades intensivas en el uso de mano de obra no calificada, como la maquila textil, ha provocado una competencia extremadamente activa entre varios países centroamericanos. Así, cada uno otorga crecientes concesiones a los inversionistas e, inclusive, modifica la legislación vigente para favorecerlos (véase Capítulo 5).
Segundo, la economía fiscal de los países del istmo es muy desigual. Las cargas tributarias son muy distintas, correspondiendo las menores a Guatemala y El Salvador. En estos países la carga es de alrededor del 10%, cerca de la mitad existente en Costa Rica y Panamá, sin incluir las tarifas de la seguridad social. La deuda pública externa y su servicio constituyen un problema especialmente grave en Nicaragua, así como en Honduras. En el caso de Costa Rica, la deuda externa se ha aliviado en los años 90, pero el problema de la deuda interna se ha convertido en el más grave, pues su servicio equivale a varios puntos del PIB. Los otros países no presentan problemas agudos de deuda.
Tercero, pese al dinamismo del sector financiero en la región (véase Capítulo 12)23, subsisten notables diferencias entre países, pues mientras Panamá es una plaza internacional, países como Honduras y Nicaragua tienen escasa profundidad financiera. La expansión financiera no ha sido acompañada por cambios en la legislación. Así, resaltan las debilidades en la función reguladora y supervisora de los Estados, que han dado pie a quiebras fraudulentas en perjuicio de pequeños ahorrantes. Los bancos atienden fundamentalmente a las empresas más grandes; el acceso de la micro y pequeña empresa rural y urbana al sistema financiero sigue siendo muy débil y dependiente de programas de cooperación internacional. Además, los marcos regulatorios continúan teniendo un carácter nacional.
Cuarto, los esfuerzos empresariales de carácter regional topan con la falta de un marco jurídico centroamericano (véase Capítulo 12). No existe una personería jurídica regional, que habilite a las empresas para realizar actividades en otros países, ni se han desarrollado mecanismos internacionales de negociación, mediación y arbitraje para la resolución de diferendos legales (véase Capítulos 7 y 12).
A finales del siglo XX, en Centroamérica puede palparse la herencia del período colonial: una presencia débil de los Estados nacionales en el litoral caribeño, con excepción de Belice y Panamá. El 70% de la población reside en el litoral pacífico, que es, además, sede de las principales actividades económicas en la región (véase Capítulo 4). La desarticulación histórica entre el Pacífico y el Caribe se refleja de distintas formas. Primero, la separación entre la Centroamérica tradicional (conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y Belice y Panamá (véase Capítulos 2 y 3). Segundo, en los países de la Centroamérica tradicional, con costas en ambos océanos, los territorios y poblaciones de la vertiente caribeña han estado, en mayor o menor medida, separados de los principales centros políticos y administrativos, tanto por el escaso desarrollo de las vías de comunicación, como por barreras jurídicas a la libre movilidad de las personas. Tercero, históricamente la economía del Caribe centroamericano se basó en una combinación de economías de enclave, actividades de subsistencia y servicios para el comercio internacional; en cambio, la economía del Pacífico se basó en una combinación de la hacienda, actividades de subsistencia y, más recientemente, la industria. Finalmente, los pobladores del Caribe centroamericano desarrollaron culturas muy atadas a las sociedades del Caribe insular, claramente distintas a las del Pacífico centroamericano (Arrivillaga, 1999; CIRCA, 1996).
| RECUADRO 1.1 |
| Declaración de Estocolmo |
En la segunda reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de
Centroamérica, celebrada en Estocolmo, del 25 al 28 de mayo de 1999, los gobiernos de
Centroamérica y la Comunidad Internaiconal decidieron compartir la responsabilidad para
lograr la reconstrucción y transformación de los países afectados, constituyendo así,
una asociación de largo plazo guiada por las prioridades definidas por los países
centroamericanos y basada en los siguientes principios y objetivos:• Reducir la vulnerabilidad ecológica y social de la región, como objetivo principal. • Reconstruir y transformar Centroamérica sobre la base de un enfoque integrado con transparencia y gobernabilidad. • Consolidar la democracia y la gobernabilidad, reforzando la descentralización de funciones y facultades gubernamentales, con la activa participación de la sociedad civil. • Promover el respecto de los derechos humanos como un objetivo permanente. La promoción de la igualdad de género, los derechos de la niñez, de las etnias y otras minorías, merecen esfuerzos especiales. • Coordinar esfuerzos de los donantes, guiados por las prioridades establecidas por los países receptores. • Intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa de los países de la región. A fin de responder a la magnitud del reto enfrentado, las partes coincideiron en proporcionar a todos los interesados seguimiento e información contínua sobre el progreso de la reconstrucción y la transformación de Centroamérica según los principios y objetivos arriba mencionados. |
La sexta fractura regional es la representada por la fragilidad y la vulnerabilidad24 de sus sociedades, que magnifican el potencial de los fenómenos naturales para dañar las poblaciones, su base productiva y la infraestructura física que enlaza la región (véase Capítulo 9).
Centroamérica es una zona impactada por recurrentes fenómenos y desastres, que vive bajo riesgo permanente. El reciente huracán Mitch, en octubre de 1998, causó los mayores daños regionales registrados a la fecha, pero cada uno de los países ha experimentado desastres con efectos iguales o más graves. Si se registraran todos estos impactos en las cuentas nacionales, el crecimiento económico regional se reduciría en cerca de un tercio (extrapolación basada en estimaciones de CEPAL para las décadas de los 60 y 70) (véase Capítulo 9).
Entre los factores que aumentan la fragilidad ambiental de Centroamérica se encuentran los relacionados con el uso del territorio, incluyendo el desordenado y poco planificado proceso de urbanización, y los que tienen que ver con la adopción de prácticas insostenibles, como la inadecuada disposición de desechos, la sobreexplotación del recurso hídrico y el pobre tratamiento de las aguas negras, el uso excesivo de plaguicidas en la agricultura, la deforestación y la agricultura en laderas sin planes de manejo y conservación de suelos.
Algunos países han emprendido acciones para atender los desastres (alerta temprana, evacuación, primeros auxilios), pero poco han hecho en materia de prevención y mitigación, o sea, en el ataque a las fuentes de vulnerabilidad para reducir el impacto de estos eventos, dada la imposibilidad de evitar su ocurrencia. A juicio de algunos expertos, la prevención y mitigación de desastres una de las tareas postergadas del desarrollo.